Nuevo sistema revoluciona control de seguridad en la ciudad.

La protección de datos personales se ha convertido en un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que la información personal de los usuarios es cada vez más valiosa para diversas entidades, como empresas, ciberdelincuentes y autoridades. En este sentido, el gobierno ha aprobado el Real Decreto 933/2021, el cual entrará en vigor el 2 de diciembre del próximo año, generando un debate sobre la privacidad y el control en la sociedad.

Una de las principales novedades de esta normativa es la imposición de nuevas obligaciones a los usuarios al alojarse en hoteles, que incluyen la entrega de hasta 18 datos personales, ampliando significativamente la información requerida hasta el momento. Entre los datos solicitados se encuentran el lugar de residencia habitual, llamadas a móviles y fijos, correos electrónicos e incluso el parentesco entre los viajeros, en el caso de que sean menores de edad.

Además, se ha establecido que los hoteles deberán recabar detalles adicionales, como información sobre la propiedad de alquiler y detalles de pago, lo que totalizará un conjunto de 42 datos diferentes. Esta medida responde a la necesidad de incrementar las medidas de seguridad ante posibles amenazas terroristas, extendiéndose también a plataformas como agencias de viajes, alquiler de coches y Airbnb.

La información recopilada será enviada directamente al Ministro de Seguridad, tras haber recibido el visto bueno de la Autoridad Española de Protección de Datos, que resaltó la importancia de contar con la legalidad adecuada para realizar las interconexiones necesarias en el marco de investigaciones concretas. Aunque el gobierno argumenta que estas medidas son para proteger a la población de posibles ataques terroristas, han surgido críticas sobre el impacto en la privacidad de los visitantes y viajeros que lleguen al país.

Es evidente que en España, la seguridad y el control están adquiriendo un papel preponderante por encima de la privacidad individual, planteando interrogantes sobre el equilibrio entre la protección ciudadana y los derechos individuales. La entrada en vigor de esta normativa ha generado un debate sobre los límites del control estatal y la necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos personales en un mundo cada vez más digitalizado.