Redacción - El Semanal
Reguladores federales redujeron restricciones en zona de alto riesgo antes de tragedia en Camp Mystic
Documentos recién obtenidos revelan que decenas de estructuras del Camp Mystic fueron eliminadas del mapa de inundaciones de 100 años antes de que el campamento ampliara sus instalaciones. Esta decisión, tomada por reguladores federales, relajó la supervisión sobre un área históricamente vulnerable a crecidas, culminando en la tragedia que arrastró a menores y monitores durante una riada repentina.
Según los registros, las autoridades aceptaron múltiples apelaciones presentadas por el campamento para excluir edificios de la designación de riesgo, pese a evidencias geográficas que señalaban peligros recurrentes. Expertos en gestión de emergencias han señalado que esta modificación permitió operar sin cumplir normativas estrictas de construcción, como cimientos elevados o materiales resistentes al agua.
El campamento, ubicado en una llanura aluvial, había sido advertido previamente por organismos locales sobre posibles inundaciones. Sin embargo, las revisiones del mapa federal —realizadas entre 2015 y 2021— eliminaron al menos 35 edificios de la zona de alto riesgo. "Esto creó una falsa sensación de seguridad", declaró un hidrólogo consultado, quien pidió anonimato por estar involucrado en investigaciones posteriores.
La tragedia ha reabierto el debate sobre la influencia de intereses privados en las decisiones técnicas. Familiares de las víctimas exigen una auditoría independiente, mientras funcionarios defienden que las apelaciones siguieron protocolos establecidos. No obstante, fuentes internas admiten que parte de la documentación presentada por el campamento omitía informes clave sobre incidentes previos.
En respuesta, varias asociaciones de seguridad han pedido reformar el proceso de apelación de mapas de inundación, argumentando que prioriza agilidad administrativa sobre protección civil. Mientras, el caso de Camp Mystic sirve como advertencia sobre los riesgos de minimizar regulaciones en contextos climáticos cada vez más impredecibles.
El campamento, ahora cerrado, enfrenta múltiples demandas. Sus representantes alegan que confiaron en las aprobaciones federales, aunque reconocen "fallos en la evaluación interna de riesgos". La investigación judicial sigue en curso.
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