Una empresa canadiense enfrenta la compleja estrategia industrial de defensa

Canadá ha desvelado un plan de 6.600 millones de dólares para reforzar su industria de defensa, con el objetivo de que el 70% de los contratos militares recaigan en empresas de origen doméstico, un salto significativo desde el 43% registrado el año pasado. La iniciativa, presentada como un “punto de inflexión histórico”, ha generado sin embargo un debate profundo en círculos industriales y académicos: definir qué constituye una empresa “canadiense” en un sector globalizado resulta ser unlaberinto de matices.

El documento estratégico evita ofrecer una definición formal de “empresa canadiense”. En su lugar, el gobierno se centra en el concepto de “capacidades soberanas” —como aeroespacio, municiones y servicios digitales— que pretende desarrollar dentro del país. Según fuentes oficiales consultadas en brevesings técnicos, el criterio no es la titularidad accionarial, sino la presencia operativa sustantiva en suelo canadiense. “Cualquier compañía con operaciones significativas aquí podría contribuir a construir esa capacidad”, señaló un funcionario bajo condición de anonimato.

Esta aparente flexibilidad choca con la realidad del tejido industrial canadiense. Algunas de las mayores compañías de defensa en el país, como Lockheed Martin Canada o las cuatro filiales de General Dynamics, son propiedad de multinacionales estadounidenses. Aunque sus plantas y sedes operan en Canadá y emplean a trabajadores locales, su capitalía trasciende las fronteras. Bajo la política federal “Compra Canadiense”, que la nueva estrategia busca ampliar al ámbito militar, estos actores podrían calificar como proveedores prioritarios siempre que mantengan en territorio nacional un nivel sustancial de valor añadido y no subcontraten masivamente en el exterior.

La Asociación Canadiense de las Industrias de Defensa y Seguridad (CADSI), que agrupa tanto a firmas locales como a estas filiales extranjeras, reconoce la “complejidad” del asunto. “La definición final compete al gobierno de Canadá”, comentó su portavoz Monique Scotti. “La industria espera que haya claridad y armonización, alineada con los niveles de seguridad nacional y soberanía que como nación deseamos”.

La ministra de Industria, Mélanie Joly, ofreció durante un discurso en la Cámara de Comercio de Montreal un indicador cuantitativo: el objetivo es que al menos el 70% de lo producido en Canadá por una empresa adjudicataria esté compuesto por componentes canadienses. Citó como ejemplo a Bell Textron Mirabel, filial de un fabricante aeroespacial estadounidense, subrayando la voluntad de no convertir a Canadá en una “economía de plantas sucursales” en materia de defensa.

Sin embargo, expertos como Wendy Gilmour —ex funcionaria de Defensa y Asuntos Exteriores de Canadá y ex secretaria general adjunta de Inversión en Defensa en la OTAN— advierten que esa transformación ya está en marcha. La política de Beneficios Industriales y Tecnológicos, vigente desde hace una década, exige a las empresas extranjeras que ganan contratos superiores a 100 millones de dólares reinvertir la misma cuantía en Canadá. Este requisito ha incentivado la adquisición de proveedores canadienses por parte de corporaciones foráneas, solidificando un modelo de dependencia.

La estrategia recién anunciada incorpora un marco de “construir-asociar-adquirir”, que otorga al gobierno una vía de escape para no definir con exactitud lo que es canadiense. Bajo este principio, Ottawa colaborará con Estados Unidos y otros países en proyectos manufactureros cuando sea necesario, y comprará directamente lo que no pueda producir internamente, priorizando siempre la rapidez en la entrega de equipos. “Por muy fuerte que sea nuestra capacidad doméstica, habrá límites”, reconoce Alex Salt, fellow del Programa Triple Hélix del Instituto Canadiense de Asuntos Globales. “Las filiales estadounidenses presentes en Canadá seguirán desempeñando un papel”.

La interdependencia trasfronteriza tiene raíces históricas. Desde la Segunda Guerra Mundial, la industria canadiense ha abastecido a los fabricantes de defensa estadounidenses con acero, aluminio y componentes. La ola de fusiones y adquisiciones de los ochenta y noventa consolidó la presencia de corporaciones multinacionales en suelo canadiense, difuminando aún más la línea entre lo local y lo foráneo.

Un ejemplo paradigmático es la construcción de los nuevos buques de combate en los astilleros Irving de Halifax. El diseño proviene del extranjero —adaptado de una fragata de la Royal Navy británica— y la mayoría de los sistemas de combate y armamento también. Los cascos se soldan en Canadá, empleando a miles de trabajadores nacionales. “¿Eso lo convierte en un barco canadiense? Involucra mucha mano de obra local, pero la propiedad intelectual del diseño y la mayoría de las piezas probablemente no son de empresas canadienses”, plantea Gilmour.

La propiedad intelectual (IP) se erige como otro frente crítico. La estrategia señala que Canadá “priorizará el control soberano y el desarrollo y retención de IP crítica” en las asociaciones, incluso con Estados Unidos. Funcionarios aseguran que ya han logrado avances en contratos recientes, aunque sin concretar. Gilmour subraya que la negociación debe centrarse en garantizar la capacidad de fabricar repuestos internamente: “Lo aprendimos en Afganistán con nuestros tanques Leopard; no teníamos acceso a piezas de repuesto y quedamos en apuros”.

Salt matiza que, incluso con la administración Trump —percibida como más “reaccionaria” en temas de seguridad—, Canadá puede negociar cierto control de IP. “A los estadounidenses les gusta mantener su tecnología bajo estricto control, pero hasta ahora no han obstaculizado el uso militar por parte de nuestros aliados”, dice. No obstante, advierte que el control total será difícil de alcanzar.

En definitiva, la nueva estrategia industrial de defensa canadiense navega en aguas de定义的 complejidad. Mientras el gobierno promueve la reindustrialización y la soberanía, debe equilibrar la urgencia de equipar a sus fuerzas armadas con la realidad de una cadena de suministro profundamente integrada con su vecino del sur. La respuesta a qué es una empresa canadiense no solo es jurídica o económica; es también una calculada coreografía entre ideales de autonomía y pragmatismo operativo.