Marta Valdés
- El Pleno del Tribunal Constitucional avala por 6 votos a 5 la amnistía a la malversación del 1-O.
- El magistrado Pablo Llarena levanta la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.
- El bloque conservador emite un duro voto particular denunciando la "invasión de competencias exclusivas del Tribunal Supremo".
- Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "manosear el Constitucional", mientras el Gobierno celebra el "cierre definitivo de la crisis catalana".
Llarena levanta la orden de detención de Puigdemont pero posterga la amnistía
El juez Llarena ha dejado sin efecto el mandamiento de arresto que pesaba sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jaume Comín tras el fallo del Constitucional. Sin embargo, el magistrado del Supremo ha decidido no aplicar todavía la medida de gracia, supeditando la decisión final al análisis exhaustivo de la sentencia que ampara la malversación.
Esta cautela judicial genera un limbo jurídico para el expresidente catalán, quien queda libre de la amenaza de arresto inmediato pero sin la plena cobertura de la amnistía para su regreso. Ante la complejidad del escenario, Puigdemont ha reivindicado el sentido político de su exilio asegurando que "hoy no se soluciona nada entre Cataluña y España".
El Constitucional ordena al Supremo amnistiar la malversación del 'procés'
El Tribunal Constitucional ha dictaminado que la malversación cometida durante el 'procés' debe ser objeto de amnistía, obligando al Tribunal Supremo a aplicar esta medida de gracia. La decisión, tomada por mayoría de siete votos contra cinco, establece la doctrina jurídica que permite la rehabilitación de los líderes del movimiento independentista.
Este fallo judicial obliga a la justicia española a reevaluar la responsabilidad penal de los implicados en el delito de malversación, abriendo la vía definitiva para la normalización política de los líderes catalanes. Ante la resolución, el expresidente Carles Puigdemont ha manifestado su emoción: “Esta decisión pone fin a la represión política que han sufrido porque votaron por la independencia”.
Puigdemont podrá volver a España tras la retirada de su orden de detención
El juez Llarena ha dejado sin efecto el mandamiento de arresto que pesaba sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Totu Comín tras el fallo del Constitucional. Aunque el magistrado del Supremo posterga la aplicación efectiva de la amnistía hasta analizar la sentencia, la retirada de la orden nacional de detención permite el regreso inmediato del expresidente al territorio español.
La decisión judicial despeja el principal obstáculo jurídico para el retorno del líder independentista, aunque mantiene la incertidumbre sobre su situación procesal definitiva. Puigdemont ha calificado la resolución como una victoria contra la represión política: “Pone fin a la represión que han sufrido porque votaron por la independencia”, aunque ha evitado concretar una fecha para su regreso a Cataluña.
El Constitucional ampara a Dolors Bassa con siete votos contra cinco
El Tribunal Constitucional ha decidido, mediante un ajustado margen de siete votos a favor y cinco en contra, amparar a la exconsejera Dolors Bassa, estableciendo la doctrina que obliga al Supremo a aplicar la amnistía en el delito de malversación.
Esta resolución de la mayoría de Pumpido supone un giro jurídico definitivo que desactiva la persecución penal por la financiación del proceso independentista, aunque el sector conservador de la magistratura advierte que el fallo "suplanta la labor del Tribunal Supremo en la apreciación de la amnistía".
El sector conservador del TC denuncia que la sentencia vulnera el respeto institucional
Cinco magistrados del Tribunal Constitucional han emitido un voto particular calificando la resolución como una suplantación de las funciones del Tribunal Supremo. El bloque discrepante sostiene que la decisión de la mayoría de Pumpido sobre la malversación cruza la línea de la competencia judicial.
Esta fractura interna en la máxima instancia constitucional debilita la seguridad jurídica del proceso y eleva la tensión entre los dos grandes tribunales del Estado. Los magistrados han sido tajantes al señalar que la sentencia "vulnera el debido respeto institucional al Supremo" y que el órgano ha incurrido en una extralimitación al apreciar la amnistía.
El sector conservador del TC acusa a la mayoría de extralimitarse
Cinco magistrados del Tribunal Constitucional han emitido un voto particular denunciando que la mayoría progresista ha vulnerado el "debido respeto institucional" hacia el Tribunal Supremo al avalar la amnistía de la malversación.
La fractura interna del tribunal pone de relieve la tensión jurídica sobre la aplicación de la ley, con el bloque discrepante asegurando que el Constitucional "suplanta la labor del Tribunal Supremo en la apreciación de la amnistía".
El Constitucional ampara a Dolors Bassa y fija la doctrina de amnistía
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, con siete votos a favor y cinco en contra, amparar a la exconsejera Dolors Bassa, estableciendo la doctrina jurídica que obliga al Supremo a aplicar la amnistía a la malversación cometida durante el 'procés'.
Esta resolución marca un punto de inflexión al fijar los criterios de la medida de gracia, aunque el sector conservador del tribunal ha denunciado una extralimitación de funciones. Los cinco magistrados discrepantes han firmado un voto particular asegurando que "el Constitucional suplanta la labor del Tribunal Supremo en la apreciación de la amnistía".
Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont pero posterga la amnistía
El juez de instrucción del 'procés', Joaquín Llarena, ha dejado sin efecto el mandamiento de arresto que pesaba sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Clara Comín tras el fallo del Tribunal Constitucional. No obstante, el magistrado ha decidido no aplicar de forma inmediata la medida de gracia, supeditando la decisión final al análisis exhaustivo de la sentencia del Constitucional sobre la malversación.
Esta cautela judicial deja al expresidente en libertad de movimiento para regresar a España, pero mantiene en el limbo jurídico su situación penal definitiva. Mientras la justicia arbitra este limbo, la tensión política escala: el sector conservador del Constitucional ha denunciado que la mayoría progresista "suplanta la labor del Tribunal Supremo en la apreciación de la amnistía".
El Tribunal Constitucional ampara a los líderes del 'procés' y ordena al Supremo aplicar la amnistía a la malversación
En una sesión histórica y tras más de siete horas de deliberaciones, la mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo clave sobre la Ley de Amnistía. La sentencia concluye que la interpretación mantenida por la Sala Penal del Tribunal Supremo supuso una restricción indebida de los derechos fundamentales de los procesados.
El texto, ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán, subraya que la financiación del 1-O no supuso beneficio patrimonial ilícito en el sentido defraudatorio exigido para excluir el perdón legal, ordenando retrotraer las actuaciones para levantar de forma inmediata todas las medidas cautelares vigentes.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este martes el recurso de amparo de los líderes del ‘procés’ y ha ordenado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que aplique de forma íntegra la Ley de Amnistía a los delitos de malversación de caudales públicos vinculados a la consulta del 1-O. La resolución, aprobada por una ajustada mayoría de seis votos frente a cinco, supone un vuelco radical en el escenario judicial del expresidente Carles Puigdemont, del exvicepresidente Oriol Junqueras y de los exconsejeros procesados, al determinar el tribunal de garantías que el desvío de partidas presupuestarias no derivó en un lucro personal directo en los términos excepcionados por la norma.
Tras conocerse la sentencia, el magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, ha formalizado el levantamiento cautelar de la orden nacional de detención que impedía el retorno a España de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, si bien el alto tribunal ha habilitado un plazo de diez días para que las partes formulen alegaciones sobre la ejecución práctica del mandato constitucional. El Semanal sigue en directo, minuto a minuto, el impacto en la Carrera de San Jerónimo, las comparecencias en el Congreso y las repercusiones inmediatas en la estabilidad de la legislatura.
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Llarena juega con fuego: suelta la orden de arresto pero mantiene el fantasma de la amnistía, así solo alimenta la confusión y el desgaste institucional.
¡Vaya tela! Otra vez repartiendo justicia a dedo para contentar a los de siempre… ¿Y la seguridad jurídica dónde se ha quedado? Esto es una vergüenza nacional, se están saltando al Supremo como si nada. 😡