Redacción - El Semanal
El Parlamento de Canadá rechaza cerrar la vía que permite el envío de armas a Israel a través de Estados Unidos
En una votación que refleja las profundas divisiones en la Cámara de los Comunes, el proyecto de ley C-233 fue derrotado ayer en su segunda lectura, con 295 votos en contra y solo 22 a favor. La iniciativa, presentada por la diputada del Nuevo Partido Democrático (NDP) Jenny Kwan, buscaba eliminar un vacío legal que permite a Estados Unidos adquirir armamento canadiense y transferirlo a países como Israel, eludiendo la prohibición de exportaciones que Ottawa impuso a principios de este año.
La normativa actual, basada en un acuerdo de defensa entre Canadá y Estados Unidos, exime de una licencia de exportación detallada a los envíos de material bélico a territorio estadounidense. Esta disposición, según denuncian activistas y parte de la oposición, permite que armas de fabricación canadiense lleguen a conflictos como el de Gaza, Yemen o Sudán, a pesar de los compromisos públicos del gobierno de Justin Trudeau de no alimentar guerras.
Kwan, en una conferencia de prensa previa a la votación, no dudó en calificar la situación: “Vivimos dentro de una mentira con nuestras exportaciones de armas”. Su propuesta, sin embargo, no logró superar el escollo inicial. Solo los seis diputados del NDP, la líder del Partido Verde, Elizabeth May, y quince liberales –entre ellos el exministro Steven Guilbeault y Lori Idlout, reciente tránsfuga– apoyaron la medida. El bloque oficial y los conservadores se alinearon en contra.
El gobierno, por boca de la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, defendió que el proyecto era “irresponsable” y que su aprobación “destruiría la industria de defensa canadiense, debilitaría el papel de Canadá en la OTAN y pondría en riesgo las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas”. Los conservadores coincidieron en señalar que Ottawa debe mantener su apoyo a los aliados, mientras que el Bloc Québécois advirtió que cerrar la puerta a Estados Unidos solo desviaría las compras hacia otros proveedores.
Pero la disciplina de voto liberal se quebró. La diputada Salma Zahid rompió filas y rechazó los argumentos de su propio partido sobre el riesgo para el empleo. “Lo que está en juego no son los puestos de trabajo, sino nuestra autoridad moral y la marca global de Canadá como exportador principista”, afirmó en el hemiciclo. Zahid citó un contrato millonario de la agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) con la empresa canadiense Roshel paraSuministrar vehículos blindados tácticos, y cuestionó si el ensamblaje final se realiza en Ontario o en el país vecino, un detalle que podría determinar la aplicación de las normas de exportación.
La polémica no es nueva. En 2024, cuando Washington anunció planes para enviar munición fabricada en Quebec a Israel, Ottawa aseguró que la operación no se concretó. Sin embargo, organizaciones como Canadienses por la Justicia y la Paz en el Medio Oriente aseguran que el “gran oleoducto de armas y componentes canadienses” continúa fluyendo hacia Israel amparado por esta laguna legal. También señalan la presencia de material canadiense en la coalición Saudí en Yemen y en la guerra civil sudanesa.
El debate ha expuesto una fisura en la posición exterior canadiense. Mientras el gobierno habla de “pausa” en ventas de armamento letal a Israel, la estructura legal permite su flujo indirecto. Para Zahid, la relación con Washington ha “cambiado drásticamente” y cerrar el vacío “fortalecería la soberanía canadiense y alinearía nuestros instrumentos de política exterior con la realidad contemporánea”. En cambio, la conservadora Tamara Kronis propuso apretar los tornillos dentro del marco existente, mejorando la transparencia y la supervisión, sin bloquear la cadena de suministro a los aliados.
El proyecto de ley Kwan, que había superado un primer debate, murió en la segunda lectura. Su autora denunció que los ataques a la iniciativa “no resisten el escrutinio” y que debió ser enviada a comisión para perfeccionarse. Para muchos observadores, lo ocurrido en Ottawa es un espejo donde mirarse: en España, por ejemplo, las exportaciones de material de defensa a países en conflicto también generan controversia recurrente, con ONGs denunciando el uso final de productos fabricados por empresas españolas. El tema trasciende las fronteras y sitúa la discusión sobre la coherencia entre el discurso de paz y la realidad de las cadenas globales de suministro, un debate que, lejos de ceñirse a los circuitos de armamento, también interpela a industrias como la textil o la tecnológica, donde la trazabilidad de los materiales y el respeto a los derechos humanos son ya reclamos del consumidor informado.
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