La detención del fundador de Telegram, Pavel Durov, en el aeropuerto de Le Bourget en Francia ha generado controversia en relación con la plataforma de mensajería. Telegram ha afirmado que cumple con la legislación de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales, y que sus auditorías se ajustan a los estándares de la industria. Durov, en un comunicado, expresó que no tiene nada que ocultar y que es absurdo responsabilizar a la plataforma o a sus propietarios por el abuso que puedan cometer los usuarios.
La plataforma cuenta con cerca de mil millones de usuarios en todo el mundo y se ha posicionado como un medio de comunicación importante. Sin embargo, las autoridades francesas consideran a Telegram como un aliado potencial para cometer delitos como fraude, apuntar a menores, o tráfico de drogas debido a la falta de moderación en su uso y la supuesta falta de cooperación con las autoridades.
Durov, quien también es conocido por ser el fundador de la red social rusa VKontakte, fue despedido de su cargo como director general de esta red social luego de negarse a cooperar con el FSB ruso y solicitar información sobre grupos de oposición al Kremlin.
La detención de Durov ha despertado preocupaciones sobre la libertad de expresión en línea y el papel de las plataformas tecnológicas en el cumplimiento de la ley. La comunidad internacional está atenta a cómo se desarrollará esta situación y cómo afectará a la percepción de Telegram como un medio de comunicación seguro y confiable.
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