Redacción - El Semanal
La promesa de endurecimiento penal y el debate constitucional en Canadá
El líder conservador canadiense, Pierre Poilievre, ha elevado el tono en la campaña electoral al anunciar su intención de recurrir a la controvertida cláusula derogatoria (notwithstanding clause) para restablecer condenas de cadena perpetua consecutivas para delitos de asesinato múltiple. Esta medida, ya declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Canadá, ha encendido un debate sobre los límites del poder ejecutivo, la independencia judicial y los derechos fundamentales consagrados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
La propuesta ha provocado una profunda preocupación entre los juristas, quienes alertan de un posible debilitamiento del estado de derecho y de las instituciones democráticas del país. Académicos como Debra Parkes, profesora de la Facultad de Derecho Peter A. Allard de la Universidad de Columbia Británica, advierten que la utilización de la cláusula derogatoria en este contexto representaría un cambio trascendental en la relación entre los poderes del Estado. Según sus palabras, se trata de una medida “profundamente preocupante tanto por razones legales como democráticas”.
El núcleo de la controversia reside en una decisión del Tribunal Supremo de 2022, que determinó que la imposición de condenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional constituía un castigo cruel e inusual, violando así los derechos constitucionales de los reclusos. La Corte argumentó que privar a un individuo de cualquier perspectiva de reintegración social socava los principios fundamentales del sistema de justicia penal canadiense.
Hasta la fecha, la cláusula derogatoria, diseñada como un mecanismo excepcional para que el Parlamento o las legislaturas provinciales anulen decisiones judiciales que consideren perjudiciales para el interés público, no había sido utilizada a nivel federal. El anuncio de Poilievre, por lo tanto, marcaría un precedente sin precedentes en la historia constitucional de Canadá.
El argumento del líder conservador se basa en la necesidad de adoptar una postura más firme en la lucha contra el crimen y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Poilievre afirma que el Parlamento tiene la potestad y el deber moral de corregir lo que considera una injusticia y restablecer un sistema de sentencia “de sentido común”. Además, propone que cualquier gobierno futuro que decida no renovar la aplicación de la cláusula derogatoria deberá justificar su decisión ante el electorado.
Sin embargo, esta perspectiva ha sido cuestionada por expertos legales, quienes señalan que la cláusula derogatoria no es una herramienta para eludir el escrutinio judicial, sino un recurso de último recurso a ser utilizado con extrema cautela y solo en circunstancias excepcionales.
La decisión del Tribunal Supremo en 2022 anuló una ley aprobada en 2011 por el gobierno conservador de Stephen Harper, que permitía a los jueces imponer condenas consecutivas a los autores de asesinatos múltiples. Esta medida, impulsada en el marco de una política de “mano dura” contra el crimen, tuvo como consecuencia que algunos delincuentes recibieran sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por periodos extremadamente largos.
Tras la anulación de la ley, los individuos que habían sido condenados a penas consecutivas vieron reducidos sus plazos de elegibilidad para la libertad condicional a los estándares previos de 25 años. La decisión judicial, según el Tribunal Supremo, buscaba garantizar que todos los reclusos tuvieran una oportunidad realista de reintegrarse a la sociedad.
El debate sobre la constitucionalidad de las condenas consecutivas y el uso de la cláusula derogatoria ha reavivado la discusión sobre el equilibrio entre la seguridad pública, los derechos individuales y el papel del sistema judicial en una sociedad democrática. Steven Penney, profesor de Derecho de la Universidad de Alberta, argumenta que la ley de 2011 no estableció un nuevo estándar obligatorio para los autores de asesinatos múltiples, sino que simplemente otorgó a los jueces una mayor flexibilidad para adaptar las sentencias a las circunstancias específicas de cada caso.
Parkes, por su parte, advierte que Canadá ya tiene uno de los sistemas de sentencias más severos del mundo occidental y que la eliminación de la posibilidad de libertad condicional podría tener consecuencias negativas para la rehabilitación de los reclusos. Subraya que la investigación ha demostrado que la mayoría de los condenados a cadena perpetua por asesinato cumplen más tiempo en prisión del que establece la ley, incluso cuando se les concede la libertad condicional.
La controversia en torno a la cláusula derogatoria también ha suscitado preocupaciones sobre la politización del sistema de justicia, especialmente a raíz de las recientes acciones del gobierno estadounidense de Donald Trump, que ha desafiado abiertamente las órdenes judiciales en materia de inmigración. La utilización de la cláusula derogatoria en Canadá, según Parkes, podría socavar la confianza pública en las instituciones democráticas y abrir la puerta a abusos de poder.
El futuro de esta polémica dependerá en gran medida de los resultados de las próximas elecciones y de la postura que adopte el gobierno en relación con la cláusula derogatoria. La decisión podría tener implicaciones profundas para el sistema de justicia penal canadiense y para el equilibrio de poderes en el país.
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