Redacción - El Semanal
La caída de un alto mando militar ruso sacude los cimientos del poder en Moscú
En un veredicto que ha reverberado en los pasillos del Kremlin, un tribunal moscovita condenó este martes al exviceministro de Defensa ruso a una pena de 13 años de prisión por delitos de corrupción a gran escala. La sentencia, que incluye cargos de malversación y blanqueo de capitales, expone las profundas fisuras en el aparato de seguridad del país, cuestionado tras los recientes fracasos militares.
Los documentos judiciales revelan que el exfuncionario habría desviado fondos destinados a programas de adquisición de armamento mediante una red de empresas fantasma. Según fuentes cercanas al proceso, los montos involucrados superarían los 1.000 millones de rublos (aproximadamente 11 millones de euros), aunque las cifras exactas permanecen bajo secreto de sumario.
Analistas políticos sugieren que este caso representa solo la punta del iceberg en un sistema castrense plagado de irregularidades. «Estamos ante un patrón recurrente donde contratos inflados y desvíos de material bélico han debilitado significativamente la capacidad operativa», explica un experto en seguridad euroasiática que prefiere mantener el anonimato.
El contexto no podría ser más delicado para el gobierno ruso. La sentencia coincide con informes de bajas morales entre las tropas desplegadas en territorio ucraniano, donde se han reportado carencias logísticas y equipamiento defectuoso. Medios internacionales han documentado numerosas denuncias de soldados sobre chalecos antibalas caducados y sistemas de comunicación obsoletos, fallas atribuidas en parte a esta corrupción endémica.
El condenado, cuyo nombre fue sistemáticamente omitido en los medios oficialistas, formaba parte del círculo íntimo del ministro Serguéi Shoigú. Su abrupta caída en desgracia sigue los patrones clásicos de las purgas internas en la élite rusa, donde los procesos judiciales suelen servir tanto como advertencia como herramienta de reacomodo de poder.
En las últimas horas, voces críticas dentro de la oposición han aprovechado el caso para exigir auditorías exhaustivas al presupuesto de defensa, cuyo monto récord de 10,8 billones de rublos para 2024 representa casi un tercio del gasto público. Sin embargo, expertos jurídicos advierten que, a falta de reformas estructurales, estas condenas seguirán siendo gestos aislados incapaces de frenar un sistema que premia la lealtad política sobre la transparencia.
Mientras el tribunal militar de Moscú hacía lectura del fallo, en las calles adyacentes se multiplicaban los efectivos de la Guardia Nacional. Una imagen simbólica que resume el doble desafío del Kremlin: limpiar su imagen ante una ciudadanía cada vez más crítica, sin permitir que estos escándalos minen la cohesión del estamento militar en plena coyuntura bélica.
El impacto real de esta sentencia podría tardar en calibrarse. Pero una cosa parece clara: los ecos de este caso seguirán alimentando el debate sobre el precio que Rusia está pagando, tanto en su tesorería como en su credibilidad internacional, por décadas de opacidad en su complejo militar-industrial.
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