Los liberales aceptan modificaciones conservadoras al presupuesto para ampliar facultades ejecutivas.

El Parlamento canadiense ha dado un giro significativo al debate sobre su proyecto de ley de implementación presupuestaria, al aceptar el Gobierno liberal las enmiendas presentadas por la oposición conservadora para limitar las nuevas facultades que se conferían al gabinete. Este cambio, acordado en el comité de finanzas, introduce salvaguardas sustanciales a la polémica figura de los «sandboxes regulatorios», un mecanismo diseñado para permitir exenciones temporales de ciertas normativas federales a empresas y particulares con el objetivo de fomentar la innovación y la competitividad.

Los «sandboxes regulatorios» son espacios controlados donde las autoridades pueden autorizar, de forma excepcional, que un proyecto empresarial no cumpla temporalmente con algunas disposiciones legales no penales. La idea subyacente es reducir la incertidumbre normativa para emprendedores y compañías que desarrollan tecnologías o modelos de negocio disruptivos, acelerando así su llegada al mercado. Sectores como el tecnológico o el financiero han utilizado con éxito estos regímenes en otras jurisdicciones. En el ámbito de la moda, por ejemplo, podrían aplicarse a la experimentación con nuevos materiales sostenibles, procesos de reciclaje innovadores o modelos de comercio circular que chocan con regulaciones vigentes en materia de etiquetado, residuos o comercio internacional.

Sin embargo, la propuesta original generó una fuerte reacción entre parlamentarios y expertos en derecho constitucional, que alertaron del riesgo de una concentración de poder sin precedentes. Los líderes del Nuevo Partido Democrático y del Partido Verde calificaron la medida de «amenaza seria» para los fundamentos democráticos, argumentando que otorgar al ejecutivo la capacidad de suspender leyes aprobadas por el Legislativo debilitaba el sistema de controles y equilibrios. La diputada verde Elizabeth May llegó a increpar al comité tras la votación, mientras que su homólogo neodemócrata Don Davies insistió en que tal facultad minaba la soberanía parlamentaria.

Las enmiendas finalmente aprobadas, con el apoyo de los diputados liberales en el comité, introducen varias líneas rojas. En primer lugar, los ministros deberán realizar consultas públicas obligatorias antes de ordenar cualquier exención, y presentar un informe detallado al Parlamento una vez finalizado el periodo de prueba. En segundo lugar, se exigirá la aprobación conjunta del ministro responsable y del presidente del Consejo del Tesoro para conceder la inmunidad regulatoria a una persona o empresa. Además, se establece expresamente que ciertas leyes de interés público quedan fuera de este mecanismo, especialmente la Ley de Conflictos de Interés y la Ley de Acceso a la Información. Esto busca blindar los estándares éticos y de transparencia frente a posibles abusos.

El diputado liberal Carlos Leitao, miembro del comité, justificó el respaldo a las enmiendas conservadoras como una respuesta a las preocupaciones legítimas de la oposición. «El Gobierno ha escuchado y está dispuesto a incorporar estas salvaguardas», declaró, en un intento por acelerar la tramitación del texto sin comprometer la gobernanza democrática. El comité de finanzas, presidido por Karina Gould, mantiene un ritmo febril: con más de seiscientas cláusulas por examinar, los parlamentarios trabajan jornadas maratonianas para cumplir con el calendario impuesto, que exige que el proyecto de ley —conocido como C-15— sea informado por el comité antes del miércoles.

Para la industria de la moda y otros sectores regulados, este episodio subraya la importancia de monitorear de cerca los cambios regulatorios que, aunque orientados a la innovación, pueden alterar el marco de competencia y responsabilidad. Las empresas deberían prepararse para participar activamente en las consultas públicas que ahora serán obligatorias, afinando sus propuestas para demostrar el valor social y económico de sus proyectos. Al mismo tiempo, es crucial entender que los «sandboxes» no son una vía para eludir permanentemente la normativa, sino un mecanismo temporal sujeto a evaluación parlamentaria. En la Unión Europea, donde la Estrategia de Moda Sostenible impulsa cambios regulatorios ambiciosos, el debate canadiense ofrece una lección: la flexibilidad para probar soluciones radicales debe equilibrarse con mecanismos de control robustos, que eviten la captura regulatoria y protejan el interés general. En ese equilibrio reside la clave para una transformación del sector que sea a la vez innovadora y democrática.