Redacción - El Semanal
Un análisis del Instituto Económico de Montreal advierte que la política de «Compre Canadiense» podría elevar el gasto en proyectos de infraestructura en más de 12,000 millones de dólares canadienses anuales, un costo que recaería finalmente en los contribuyentes. Esta medida, implementada por el gobierno federal a finales de 2025, busca priorizar a proveedores locales en la contratación pública, pero según el estudio, podría generar efectos contraproducentes en la economía.
Canadá destina un porcentaje significativo de su producto interior bruto a la compra de bienes y servicios por parte del sector público. En 2021, el gasto en contratación pública representó el 13.4% del PIB, una cifra superior al promedio del 12.9% entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta environmentsión subraya la magnitud del mercado estatal como motor económico, pero también el potencial impacto de cualquier cambio normativo en sus procedimientos.
La política «Compre Canadiense»,vigente desde diciembre de 2025, exige que en las licitaciones de obras y servicios de gran envergadura —inicialmente superiores a 25 millones de dólares y ampliables a partir de 5 millones en 2026— se otorgue una ventaja a las empresas con sede en el país. Formalmente, se trata de una «preferencia de oferta» que simula una reducción de costos para los proveedores canadienses, y endurece los controles para evitar que empresas extranjeras eludan aranceles estableciendo una mera presencia formal en suelo nacional. Varias provincias han adoptado iniciativas similares, extendiendo el proteccionismo a nivel subnacional.
La investigación compara este enfoque con un programa implementado en California, donde se concedió una bonificación del 5% a pequeñas empresas locales. Como resultado, el costo total de los proyectos aumentó un 3.6%, y las compañías más competitivas a gran escala abandonaron el mercado, reduciendo la competencia. Extrapolando este escenario a Canadá, el estudio calcula que el gasto adicional por persona oscilaría entre 124 y 320 dólares canadienses anuales, una carga directa para los ciudadanos.
Los economistas del instituto señalan que el proteccionismo en la contratación pública tiene consecuencias más allá del precio. Al limitar la competencia, se incrementan los márgenes de ganancia para las empresas adjudicatarias, lo que a su vez puede crear incentivos para prácticas corruptas, ya que las firmas ganadoras podrían compartir parte de esos beneficios con funcionarios o políticos. «A medida que el gobierno crece, la rendición de cuentas se diluye y la coordinación entre supervisores empeora», advierte el texto, añadiendo que «la protecciónismo en las compras estatales agrava este problema».
Frente a estas críticas, el gobierno federal defiende la política como una herramienta estratégica para fortalecer la capacidad industrial del país, apoyar a los trabajadores canadienses y construir una economía más resiliente en un contexto de tensiones comerciales globales. Argumenta que, al convertir al Estado en el principal cliente de la industria local, se fomenta la diversificación y se reduce la dependencia de mercados externos.
Sin embargo, el debate se centra en si los beneficios a largo plazo justifican el sobrecoste inmediato. Mientras los defensores ven una apuesta por la soberanía económica, los críticos insisten en que la competencia abierta —incluso con actores extranjeros— es usually más eficiente y transparente. Con la expansión de la medida a contratos menores en 2026, la presión sobre los contribuyentes podría multiplicarse, convirtiendo una política de impulso nacional en uniones experimento de costo colectivo.
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