Alberta reduce drásticamente el acceso a la muerte asistida

El gobierno de Alberta ha anunciado una propuesta legislativa que supone el cambio más significativo en años en las normativas sobre la muerte medicalmente asistida en la provincia canadiense. El proyecto de ley, bautizado como Bill 18, busca restringir de forma drástica el acceso a este procedimiento, limitándolo únicamente a pacientes cuyo fallecimiento natural sea «razonablemente previsible» en un plazo aproximado de un año. Esta medida revertiría en la práctica la ampliación de criterios aprobada a nivel federal en 2021, que permitía el acceso a personas con enfermedades graves incurables pero no necesariamente terminales.

La primera ministra provincial, Danielle Smith, justificó la iniciativa argumentando una necesidad de «restaurar la integridad» del programa. En declaraciones a la prensa, Smith expresó su preocupación por lo que considera una expansión excesiva del marco legal, señalando que la eutanasia «no debe convertirse en una respuesta permanente a un momento de crisis o desesperación que puede cambiar con cuidados y tiempo». Su postura refleja una corriente crítica con la normativa federal, a la que acusa de no cumplir con su «propósito original» de ser una opción compasiva para el final de vida en casos de enfermedad terminal.

Según los datos oficiales de Alberta Health Services, los fallecimientos bajo el régimen de Asistencia Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés) experimentaron un aumento exponencial. Entre 2021 y 2025, las cifras crecieron un 136% tras la introducción de los criterios ampliados en el ámbito federal. El año pasado, 1.242 personas en la provincia pusieron fin a su vida a través de este procedimiento. Aunque las autoridades no desglosan estos números por los nuevos criterios de elegibilidad, el incremento ha sido interpretado por el ejecutivo provincial como una señal de alarma.

El proyecto de ley no solo modifica los requisitos de acceso. Introduce una serie de medidas complementarias que generan un intenso debate ético y profesional. Se prohíbe expresamente a los médicos y enfermeras derivar a pacientes a proveedores en otras provincias si no cumplen los requisitos de Alberta, e impone nuevas sanciones disciplinarias para quienes infrinjan las normas provinciales, que podrían llegar a la suspensión de la licencia profesional. Asimismo, se establece la obligatoriedad de una formación específica para todo el personal que participe en evaluaciones o procedimientos de MAID.

Otro punto conflictivo es la regulación de la comunicación con los pacientes. La normativa provincial busca limitar las conversaciones sobre la muerte asistida, estableciendo que los profesionales solo podían abordar el tema si el paciente lo pregunta primero. También restringe la exhibición de información pública sobre el MAID en centros sanitarios. Además, se mantiene la prohibición expresa para menores de 18 años, en línea con la ley federal, y se bloquea explícitamente que una enfermedad mental sea la única condición que sustente una solicitud, aunque Ottawa tiene previsto evaluar esta posibilidad a partir de 2024.

El ministro de Justicia de Alberta, Mickey Amery, ha asegurado que su gobierno está dispuesto a defender la ley en los tribunales si es impugnada, a pesar de que un tribunal superior de Quebec ya declaró inconstitucional limitar el acceso aMAID solo a pacientes con muerte previsible. «Creemos que este proyecto de ley encuentra el equilibrio adecuado entre permitir el acceso a quienes cumplen el propósito original y proteger a nuestros grupos vulnerables», declaró Amery. La estrategia de Alberta choca frontalmente con la jurisprudencia federal y con la dirección que está tomando el debate nacional.

El panorama federal, por su parte, permanece a la espera. El ministerio de Justicia de Ottawa ha recordado que la provisión de salud es competencia provincial, pero que cualquier modificación sustancial de los criterios de elegibilidad compete al Parlamento. Un portavoz indicó que el gobierno está a la espera de los hallazgos de un comité parlamentario especial que estudia la expansión de los criterios, incluida la posibilidad para personas con enfermedades mentales.

El caso de Alberta se convierte así en un campo de batalla crucial para el futuro de la eutanasia en Canadá y, por extensión, en el debate internacional. La provincia está utilizando su autonomía en gestión sanitaria para torpedear la expansión federal, iniciando un conflicto de competencias que probablemente terminará en los tribunales. Mientras, en Quebec, donde la normativa ya es más restrictiva que la federal, los tribunales han ordenado la inclusión de los criterios ampliados. La fragmentación normativa dentro de un mismo país evidencia la profunda división social y ética que rodea el final de vida asistido.

Para los pacientes y las familias, la incertidumbre legal es palpable. Organizaciones de derechos civiles y profesionales de la salud han advertido que limitar el acceso puede condenar a personas con sufrimiento intolerable e irreversible a una prolongación de su dolor. Frente a ello, el gobierno provincial insiste en la existencia de alternativas terapéuticas y de cuidados paliativos, y en la necesidad de «dar esperanza» a quienes ven la eutanasia como única salida. La línea entre proteger a los vulnerables y coartar la autonomía personal se dibuja cada vez más fina, y Alberta ha decidido colocarse en un extremo de esa delgada cuerda.