Proyecto republicano ataca Ley de Streaming y advierte represalias nacionales

Un proyecto de ley republicano pone en jaque la regulación cultural canadiense y amenaza con represalias comerciales

Un grupo de legisladores republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha presentado una iniciativa legislativa que busca disputar la constitucionalidad y el impacto comercial de la Ley de Transmisión en Línea de Canadá, conocida como Bill C-11, advirtiendo sobre la posibilidad de adoptar medidas de represalia si se considera que la normativa perjudica de manera injusta a las empresas tecnológicas y creadores estadounidenses.

La propuesta, encabezada por el representante Lloyd Smucker de Pennsylvania, contempla activar una investigación formal por parte del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) para determinar si la política canadiense constituye una carga discriminatoria para el comercio estadounidense. De llegarse a esa conclusión, el texto faculta al ejecutivo a tomar «acciones de represalia necesarias», que podrían incluir la imposición de nuevos aranceles o incluso la suspensión o modificación de concesiones comerciales bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), llamado CUSMA en territorio canadiense.

La Ley de Transmisión en Línea, aprobada en 2023, modifica el marco de radiodifusión del país para incluir a las plataformas de streaming globales. Su objetivo central es Empoderar a la Comisión de Radiocomunicaciones y Telecomunicaciones de Canadá (CRTC) para exigir a servicios como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ que destinen una parte de sus ingresos generados en el mercado canadiense a fondos que financien la producción de contenido local. Sin embargo, su implementación se encuentra en un limbo normativo y legal; la CRTC aún no ha concretado la definición operativa de qué se considera «conteno canadiense», un proceso que actualmente enfrenta impugnaciones en los tribunales.

Desde su aprobación, gigantes del streaming y asociaciones como la Motion Picture Association han recurrido a los tribunales para bloquear tanto la ley como los requerimientos de la CRTC que obligan a estas compañías a revelar datos financieros sensibles. Para Washington, la norma representa un «irritante comercial» de cara a la revisión programada del T-MEC este año. La administración Trump ya ejerció presión el pasado ejercicio, lo que derivó en que Ottawa derogara un impuesto sobre servicios digitales dirigido a un amplio espectro de empresas tecnológicas.

Los argumentos de Ottawa defienden la medida como una respuesta necesaria para contrarrestar la posición dominante de las plataformas extranjeras en su mercado, garantizando la viabilidad de su industria audiovisual. En contraste, las empresas y legisladores estadounidenses sostienen que imponer gravámenes y obligaciones de gasto específicas a actores foráneos vulnera los principios de no discriminación y libre comercio. El texto de Smucker cuestiona que Canadá esté utilizando una exención cultural contemplada en el T-MEC para justificar una política que, a su juicio, socava el espíritu del acuerdo y se basa en conceptos obsoletos.

El proyecto de ley activaría el mecanismo investigatorio de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta históricamente empleada por EE.UU. para imponer aranceles como respuesta a prácticas comerciales «injustas». El presidente Donald Trump ha manifestado públicamente su intención de utilizar esta sección para restablecer aranceles tras la reciente anulación por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de algunas de las medidas arancelarias impuestas bajo la declaración de emergencia nacional. Precisamente este mes, la administración Trump anunció investigaciones bajo la Sección 301 contra docenas de países, incluido Canadá, por presuntas prácticas de trabajo forzado y sobrecapacidad manufacturera.

Mientras tanto, los retrasos en la implementación total de la ley canadiense prolongan un período de incertidumbre para el sector. La batalla no se libra solo en Ottawa o Washington, sino también en los tribunales y, potencialmente, en la mesa de negociación del T-MEC. Para los espectadores y usuarios de servicios de streaming en todo el continente, este conflicto podría traducirse en cambios en la disponibilidad de catálogos, alteraciones en los precios de las suscripciones o, en el escenario más adverso, la salida parcial de algunas plataformas del mercado canadiense, un efecto que podría extenderse como precedente a otras regulaciones culturales emergentes en el mundo.