El director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, ha alertado sobre la creciente propagación del llamado «phishing», una forma de fraude en línea mediante el cual los delincuentes intentan obtener información confidencial, como datos bancarios, a través de engaños. En los últimos ocho meses, se han detectado 48.700 teléfonos de usuarios afectados por ciberataques, según informó Barrio durante el 38º Congreso de Economía Digital y Telecomunicaciones.
Barrio destacó que España ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el segundo en Europa en lo que respecta a capacidades en ciberseguridad, solo después de Estonia. El director del Incibe resaltó la presencia de empresas tanto públicas como privadas en el país que se encuentran a la vanguardia en los rankings internacionales en este ámbito. De hecho, Barrio mencionó que Estados Unidos es el único país que supera a España en cuanto a equipos de respuesta de ciberseguridad empresarial, lo que demuestra la competitividad y preparación del sector español en la lucha contra el cibercrimen.
En cuanto a la regulación, Barrio hizo hincapié en que las grandes y medianas empresas tienen la obligación de demostrar anualmente que cuentan con sistemas de protección para sus clientes y empleados, así como someterse a auditorías periódicas para evaluar su preparación ante posibles ciberataques.
Además, la Ley de Resiliencia Cibernética exige al Gobierno implementar un sistema de auditoría para los dispositivos conectados a Internet. Según Barrio, al menos el 4% de todos los productos conectados al mercado deberán ser monitoreados de manera regular para garantizar la seguridad de los usuarios, especialmente en dispositivos como juguetes, equipos médicos y productos biométricos sanitarios. Esta medida busca prevenir riesgos y establece un nivel de control que alcanzará el 10% de los productos comercializados.
En resumen, la advertencia de Félix Barrio sobre el aumento del phishing y la importancia de fortalecer la ciberseguridad en España resalta la necesidad de estar preparados y protegidos ante posibles amenazas digitales. La colaboración entre entidades públicas y privadas, así como el cumplimiento de regulaciones y auditorías, son clave para mitigar los riesgos en un entorno cada vez más digitalizado y expuesto a ciberataques.
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