Danielle Smith lanza referéndum en Alberta por inmigración y cambios constitucionales.

Alberta anuncia referendo sobre inmigración y poder provincial en medio de tensiones fiscales

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, ha anunciado un referendo para el próximo 19 de octubre que someterá a consulta popular nueve cuestiones relacionadas con la política de inmigración provincial y posibles enmiendas constitucionales. La decisión, transmitida en un discurso televisado de trece minutos, busca definir la posición de la provincia en dos frentes críticos: el control sobre el flujo migratorio y la autonomía fiscal y judicial frente al gobierno federal.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión presupuestaria. Smith ha señalado que el próximo presupuesto proyectará un déficit significativo, agravado por la caída en los precios del petróleo —cada dólar de disminución supone una pérdida estimada de 750 millones de dólares canadienses en regalías— y por lo que describe como una presión insostenible sobre los servicios sociales. «Alberta ya no puede permitirse subsidiar al resto del país a través de la equalización federal, aceptar llegadas masivas no controladas y luego brindar acceso gratuito a nuestros programas sociales —los más generosos del país— a todos los que se instalan aquí», afirmó. Esta situación, según la mandataria, «no solo es profundamente injusta para los contribuyentes albenses, sino que está asfixiando financieramente la calidad de nuestra atención médica, educación y otros servicios esenciales».

Los datos demográficos respaldan la magnitud del fenómeno migratorio. Según Statistics Canada, Alberta registró en 2023 un aumento poblacional récord de 202,324 personas —equivalente a 550 llegadas diarias—, impulsado principalmente por migración internacional y, también, por un récord nacional de migración interprovincial, con Ontario y Columbia Británica como principales orígenes. La premier responsabiliza directamente al anterior gobierno liberal de Justin Trudeau por esta política, acusándolo de «priorizar estudiantes internacionales, trabajadores temporales y solicitantes de asilo sobre migrantes económicos», lo que habría «roto» el sistema.

Sin embargo, el análisis no es unánime. Lori Williams, politóloga de la Universidad Mount Royal, cuestiona la narrativa oficial: «Sugerir que el déficit presupuestario es causado principalmente por la inmigración, o que los no ciudadanos colapsan las salas de emergencia y aulas, crea una imagen distorsionada de la realidad». Williams señala que problemas como el hacinamiento en aulas y la sobrecarga del sistema de salud «existen desde hace más de una década en Alberta» y advierte que culpar a los recién llegados puede «inflamar tensiones raciales» y estigmatizar a quienes ya enfrentan hostilidad.

La propuesta de referendo incluye nueve preguntas, cinco sobre inmigración y cuatro sobre cambios constitucionales. Entre las medidas planteadas figuran: que Alberta adopte mayor control para reducir la inmigración a niveles «sostenibles» y priorizar a ciudadanos y residentes permanentes en empleos; restringir el acceso a programas sociales como salud y educación para personas con estatus migratorio no permanente, incluso exigiendo un periodo de residencia mínimo o el pago de una tarifa; y endurecer los requisitos de ciudadanía para votar. En el ámbito constitucional, se consulta sobre la posibilidad de que las provincias seleccionen a los jueces de sus tribunales superiores, abolir el Senado federal, permitir que las provincias se retiren de programas federales sin perder fondos, y dar prioridad a las leyes provinciales en áreas de jurisdicción compartida.

Christopher Worswick, economista de la Universidad Carleton, contextualiza la reciente desaceleración migratoria (a partir de 2024) como una corrección federal tras «percatarse de que estaban impulsando demasiado el crecimiento poblacional». Menciona los límites impuestos a estudiantes internacionales como una medida necesaria ante un crecimiento «desbocado».

La iniciativa ha generado críticas severas desde sectores sociales. Bradley Lafortune, director ejecutivo de Public Interest Alberta, califica el discurso gubernamental de «estilo Trump, MAGA» y acusa a la administración Smith de desviar la atención de problemas estructurales como la insuficiencia crónica en salud y educación. «Cuando un gobierno lleva años en el poder, la gente nota si no se cumplen las promesas», señaló, pronosticando un «presupuesto muy malo» para la próxima semana, con recortes en servicios frontline.

El referendo, convocado a un año de las elecciones generales provinciales, se inscribe en una estrategia más amplia de reivindicación de autonomía que ya incluye comités como «Alberta Next». Coincide con un ambiente político agitado, con peticiones ciudadanas que incluso abogan por la secesión, y con declaraciones polémicas de altos cargos como el jefe de gabinete de Smith, Rob Anderson, y el director de su oficina, Bruce McAllister, quien en redes sociales cuestionó si «importar de naciones con sistemas fallidos» desprecia el «patrimonio judeocristiano» de la provincia.

Smith, por su parte, ha matizado que su gobierno no implementará «recortes drásticos» en el presupuesto 2026, sino que se centrará en «reducir burocracia, mejorar eficiencias y priorizar necesidades sobre deseos». Confirmó, no obstante, que los aumentos salariales aprobados para médicos, enfermeras y maestros se mantendrán para «atraer el talento necesario para ponerse al día con nuestro crecimiento».

Con un panel de expertos, datos contrapuestos y un calendario electoral a la vista, Alberta se prepara para una consulta que podría redefinir no solo su política migratoria, sino el equilibrio de poderes en el federalismo canadiense. El resultado del referendo, aunque no sea vinculante, enviará una señal contundente sobre el grado de descontento con Ottawa y el rumbo que sus ciudadanos desean para su provincia.