Diputado conservador investiga antifa en gobierno federal y fuerzas armadas canadienses.

Un uniforme con carga política: cuando la ropa se convierte en un riesgo laboral

En los pasillos de las instituciones públicas y las bases militares, un código de vestimenta tácito siempre ha regido la apariencia de quienes sirven al estado. Sin embargo, en el escenario internacional actual, ciertas prendas y símbolos han traspasado la barrera de la moda para erigirse como banderas ideológicas con consecuencias directas en la carrera profesional. Un caso reciente en Canadá ha puesto el foco sobre cómo los gobiernos abordan la lealtad implícita de sus empleados, especialmente cuando sus elecciones estéticas pueden asociarse a movimientos sociales de confrontación.

El punto de partida lo ha puesto un diputado conservador en Ottawa, quien ha formalizado una pregunta al gobierno para conocer el número de funcionarios federales y miembros de las Fuerzas Armadas que podrían tener vínculos con el amplio espectro de movimientos identificados como «antifascistas». Lejos de ser una organización jerárquica, el término agrupa a colectivos que se oponen activamente a ideologías de extrema derecha, racismo y fascismo. La consulta parlamentaria va más allá de la mera afiliación; indaga sobre posibles disciplinas impuestas por actividades relacionadas y solicita datos concretos sobre la presencia de estos perfiles dentro de la administración pública canadiense.

Este escenario evidencia una tensión creciente entre la libertad de expresión individual y el deber de neutralidad del servicio público. La legislación laboral canadiense, recogida en directrices oficiales, permite a los empleados públicos participar en actividades políticas, siempre que estas no comprometan, o no sean percibidas como comprometedoras, de su capacidad para actuar con imparcialidad. Esta norma, de aplicación matizada, choca frontalmente con la naturaleza a menudo contenciosa de las acciones de protesta associadas a estos grupos, donde la disrupción y la confrontación directa son tácticas reconocidas.

La analogía con el ámbito castrense es aún más restrictiva. Los miembros regulares de las Fuerzas Armadas Canadianas requieren permiso explícito para participar en actividades políticas de índole municipal, y les está vedada toda involvement en política provincial o federal. Para los reservistas, la norma se relaja en el papel, aunque permanecen sujetos al código de conducta militar en cualquier actividad civil que emprendan. La línea que separa la manifestación pacífica de una «actividad antifa» se vuelve, por tanto, críticamente borrosa para un superior jerárquico.

La controversia no es exclusiva de Canadá. Observadores de centros de análisis estratégico, como el estadounidense CSIS, han documentado que la violencia atribuida a grupos de izquierda en la última década en EE.UU., aunque existente, ha sido cuantitativamente inferior a la originada por extremistas de derecha o yihadistas. Este dato, a menudo omitido en el discurso político, es crucial para contextualizar la magnitud real del fenómeno. Expertos en estudios sobre odio y justicia social, como el veterano activista Bernie Farber, recuerdan que históricamente el sentimiento antifa —entendido como oposición al fascismo— ha sido mayoritario entre los ciudadanos que contribuyeron a forjar naciones democráticas. «No es una organización con carnet», sostiene, «es un concepto tan antiguo como la propia democracia: la negativa social enérgica a la dictadura, el odio y el racismo».

Dado el contexto, ¿cómo deben actuar los profesionales que visten símbolos o participan en movimientos con una estética y praxis tan definidas? Para el empleado público, la regla de oro es la perceptibilidad. Cualquier action que pueda ser interpretada por un supervisor o el público como una pérdida de neutralidad debe evitarse. Esto incluye el uso cotidiano de prendas con lemas confrontacionales, emblemas de grupos específicos o incluso la participación en redes sociales bajo seudónimos que revelen pertenencia.

Para las marcas de moda, el fenómeno es un campo minado. La apropiación de símbolos de resistencia por parte de la industria plantea un debate ético: ¿se trivializa la lucha o, por el contrario, se difunde su mensaje? Diseñadores y estilistas deben ahora considerar el posible «coste laboral» de sus creaciones para ciertos colectivos de clientes.

La respuesta del gobierno canadiense a este interrogante parlamentario, que tendrá lugar en un plazo máximo de 45 días hábiles, servirá como termómetro. Medirá no solo la presencia real de estos perfiles en la nómina estatal, sino, sobre todo, la voluntad política de cuantificar y, por ende, fiscalizar un espectro ideológico que ha sido demonizado en el discurso público de algunos aliados internacionales. Mientras tanto, para miles de empleados públicos y militares en todo el mundo, la elección de un jersey o la decisión de asistir a una manifestación ya no es solo un acto personal, sino una potential declaración con impacto en su estabilidad laboral.