Redacción - El Semanal
El reciente cambio en la política energética de Estados Unidos está generando ondas expansivas más allá de sus fronteras. La nueva ley impulsada por el gobierno norteamericano, que recorta drásticamente los incentivos fiscales para energías renovables, amenaza con alterar el equilibrio en la transición ecológica de Norteamérica. Los analistas advierten que este giro podría afectar directamente a proyectos industriales en Canadá y, por extensión, a las estrategias medioambientales de la región.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de los créditos para vehículos eléctricos, que hasta ahora habían dinamizado la industria automotriz transfronteriza. Estas medidas, que entrarán en vigor a finales de septiembre, podrían ralentizar la producción de baterías y componentes en plantas canadienses, poniendo en riesgo miles de empleos vinculados a este sector emergente. Según datos de asociaciones industriales, la incertidumbre ya ha llevado a varias multinacionales a reconsiderar inversiones previstas en Ontario.
En paralelo, desaparecen también las ayudas a instalaciones domésticas de energía limpia, como paneles solares o sistemas de almacenamiento, así como los subsidios para proyectos eólicos y fotovoltaicos a gran escala. La normativa establece plazos más ajustados: las iniciativas que no entren en operación antes de 2027 perderán los beneficios fiscales, lo que, según consultoras especializadas, podría truncar hasta 28 gigavatios de capacidad renovable planeada.
Este escenario contrasta con la estrategia de Ottawa, donde el gobierno mantiene su apuesta por un modelo energético diversificado que combine combustibles fósiles con renovables. Sin embargo, la presión de las provincias productoras de petróleo, como Alberta —que negocia simultáneamente un megaproyecto de captura de carbono y un oleoducto—, añade complejidad al panorama.
Expertos en relaciones internacionales señalan que Canadá podría capitalizar esta divergencia atraendo empresas tecnológicas interesadas en energías limpias, especialmente aquellas que busquen estabilidad regulatoria. No obstante, advierten que el mayor desafío será compensar el impacto geopolítico de un vecino cuya política climática ha dado un giro radical.
Mientras tanto, los sindicatos de la construcción en ambos lados de la frontera alertan sobre el coste social: más de un millón de puestos de trabajo, muchos en proyectos verdes, podrían desaparecer. «Esto no es solo un retroceso ambiental, sino un golpe a familias que dependían de esos empleos», afirma un representante gremial.
El tiempo dirá si Europa y Asia, socios tradicionales de Canadá en materia de sostenibilidad, pueden llenar el vacío dejado por Washington. Lo que es innegable es que la batalla por el futuro energético de Norteamérica acaba de entrar en una nueva fase.
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