Europa insta a España a reformar los generosos «precios PVPC» de electricidad.

En España, el Plan de Fluoruro de polivinilideno, que ajusta el precio de la electricidad según lo señalado por Red Eléctrica, cubre a unos 11 millones de consumidores. A pesar de ser popular en el país, este sistema es menos común en los mercados energéticos europeos, donde principalmente se utilizan tarifas del mercado libre, buscando precios competitivos y accesibles para todas las familias.

La Comisión Europea ha solicitado información al gobierno español sobre la reforma del PVPC, que se espera implementar a principios de 2025. Esta reforma es parte de una regulación eléctrica europea que busca eliminar barreras en los mercados mayoristas de electricidad en todos los países del continente.

El PVPC en España regula los precios para los pequeños consumidores, lo que algunos consideran una intromisión que distorsiona la competencia. Ante esto, la Comisión Europea busca conocer cómo se regula este sistema y cómo se adaptarán las futuras reformas a las normativas europeas.

La Organización de Consumidores y Usuarios presiona para que el PVPC esté disponible solo para familias desfavorecidas a partir de 2026, lo que limitaría significativamente su alcance. Esto implicaría que alrededor de 1,6 millones de hogares podrían beneficiarse de esta tarifa regulada, mientras que otros 6,9 millones tendrían que buscar contratos alternativos.

A pesar de los riesgos que implica el PVPC, la OCU defiende que para los hogares con potencia hasta 10 kW sigue siendo un refugio seguro, ya que, a pesar de la dependencia directa de los precios de la electricidad, puede ayudar a reducir la factura en comparación con las tarifas del mercado libre. El gobierno español se encuentra ante la encrucijada de reformar o incluso abandonar el PVPC, bajo la presión de Bruselas, considerando las posibles repercusiones en millones de consumidores.

A medida que se discuten posibles cambios en el sistema eléctrico español, la posibilidad de reformar o eliminar el PVPC será un tema central en los próximos meses. La incertidumbre sobre las decisiones futuras en este ámbito genera debate y análisis en busca de un equilibrio entre los intereses de los consumidores y las regulaciones europeas vigentes.