HUD obliga a no ciudadanos a abandonar vivienda pública con nueva regla.

Washington enfrenta una nueva controversia en materia de política habitacional. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) ha hecho pública una propuesta regulatoria que modificaría sustancialmente los requisitos de elegibilidad para los programas de vivienda pública asistida, restringiendo el acceso principalmente a ciudadanos estadounidenses.

La iniciativa, dada a conocer en un comunicado oficial, busca establecerse como una norma federal que, de aprobarse, afectaría de manera directa a miles de familias mixtas en donde al menos uno de los miembros es migrante sin estatus legal. Según cálculos preliminares de organizaciones defensoras, la medida podría poner en riesgo de desalojo a decenas de miles de personas, muchas de ellas niños y ancianos, que actualmente residen en complejos de vivienda subsidiada.

El texto propuesta invoca una reinterpretación de la ley federal que históricamente ha permitido la participación en estos programas a no ciudadanos, siempre que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad basados en ingresos y antecedentes. La nueva regla, en cambio, establecería un criterio de ciudadanía como requisito sine qua non para la solicitud principal, con excepciones muy limitadas para casos humanitarios específicos.

Organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes han reaccionado con profunda preocupación. Portavoces de grupos como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) y la Alianza Nacional de Latinos Inmigrantes advierten que la medida no solo es contraria al espíritu de inclusión de muchos programas sociales, sino que probablemente enfrentará desafíos legales por su aparente discriminación. «Esto no es solo una cuestión de vivienda; es un ataque a la estabilidad de comunidades enteras», declaró un abogado especializado en derecho de inmigración consultado para este reportaje.

El impacto proyectado no sería homogéneo en todo el país. Estados con mayores concentraciones de población inmigrante, como California, Texas, Florida o Nueva York, serían los más afectados. En estas jurisdicciones, la presencia de familias donde el estatus migratorio varía entre sus miembros es una realidad demográfica cotidiana. Expertos en sociología urbana señalan que forzar a estas familias a abandonar sus hogares podría generar una cascada de consecuencias: aumento de la inseguridad habitacional, sobrecarga de refugios y una mayor inestabilidad en el rendimiento escolar de los menores afectados.

Paralelamente, el gobierno argumenta que la medida busca priorizar los recursos limitados de vivienda pública para los ciudadanos que, en teoría, tienen mayor derecho a ellos. Este enfoque se enmarca en una política más amplia de restricción de beneficios públicos para no ciudadanos, una línea discursiva que ha ganado terreno en ciertos sectores políticos. Sin embargo, críticos señalan que ignora el hecho de que la mayoría de los residentes en vivienda pública pagan alquileres basados en sus ingresos, y que su contribución al mantenimiento de estos complejos es significativa.

La propuesta ahora entra en un período de consulta pública, un trámite formal que permite a ciudadanos y entidades presentar sus alegaciones antes de que la regla sea finalizada. Abogados y activistas ya preparan una respuesta masiva, anticipando que la controversia acabará en los tribunales. Mientras tanto, las familias que podrían verse afectadas viven con la incertidumbre de no saber si su hogar, a menudo fruto de años de esfuerzo y ahorro, estará seguro en el futuro cercano.

Este cambio regulatorio, si se concretara, marcaría un precedente significativo en la intersección entre política migratoria y bienestar social en Estados Unidos. Para la comunidad hispana, que representa una porción sustancial de los usuarios de estos programas en múltiples ciudades, el debate adquiere matices adicionales. La pregunta subyacente permanece: ¿hasta qué punto una política de vivienda puede estar condicionada por el estatus legal, y qué costos humanos acarrea semejante distinción? La respuesta, en este caso, se está escribiendo no solo en Washington, sino en los pasillos y patios de miles de hogares que hoy miran con temor el futuro de su techo.