Israel impulsa anexión mientras palestinos luchan por sobrevivir

La ofensiva legal de Israel en Cisjordania: ¿un camino forzado hacia un único Estado?

La alarmante aceleración de la política de asentamientos en los territorios ocupados ha puesto sobre la mesa un escenario que muchos analíses consideraban impensable hace apenas unos años. Una serie de medidas administrativas y legales aprobadas por el gobierno de coalición israelí, dominado por partidos de ultra derecha, están reconfigurando de manera drástica la realidad sobre el terreno en Cisjordania, acercando la zona a una anexión de facto que podría alterar irreversiblemente el conflicto.

El epicentro de esta transformación radica en el control ejercido por figuras como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, a quien se le han transferido competencias civiles amplias en Cisjordania, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al mando de la policía. Su influencia ha cristalizado en un paquete de decisiones que, según organizaciones como Yesh Din, erosionan los últimos vestigios del marco legal que distinguía la ocupación militar. Entre las medidas más significativas destacan la desclasificación de registros de propiedad de tierras, la derogación de la ley jordana que prohibía la venta de terrenos a extranjeros, y la creación de un nuevo proceso de registro catastral que facilita la declaración de tierras como «propiedad estatal», un estatus que históricamente ha sido la vía principal para la expansión de los asentamientos.

Además, se ha eliminado la necesidad de permisos especiales para transacciones de tierras y se ha ampliado la jurisdicción de las fuerzas de seguridad israelíes en las áreas A y B, teóricamente bajo control de la Autoridad Palestina. El traslado de algunas zonas del mando militar a agencias civiles israelíes supone, en la práctica, una normalización de su incorporación al Estado. Para Ziv Stahl, director de Yesh Din, «jurídicamente hablando, ya no podemos hablar solo de ocupación. Estamos cambiando a una realidad de anexión».

Este escenario es, para la práctica totalidad de la comunidad internacional y los actores moderados tanto israelíes como palestinos, una catástrofe política que liquidaría cualquier esperanza de una solución de dos Estados. Ese modelo, que prevé la creación de un Estado palestino alongside Israel, ha sido durante décadas el eje de las iniciativas diplomáticas, desde los Acuerdos de Oslo hasta las resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo, la materialización de una anexión formal o de facto de Cisjordania podría desencadenar una dinámica demográfica completamente nueva, abriendo la puerta a un escenario radicalmente diferente: el de un único Estado binacional.

Los números son clave. La anexión de todo el territorio de Cisjordania (áreas A, B y C) incorporaría a aproximadamente 2,8 millones de palestinos de las zonas palestinas y otros 250.000 de la zona C, además de los 1,6 millones de ciudadanos palestinos de Israel y los 350.000 residentes permanentes de Jerusalén Este. En conjunto, cerca de 5 millones de palestinos vivirían bajo soberanía israelí directa, representando algo más del 40% de la población total de ese hipotético estado ampliado. Aunque inicialmente solo una parte tendría ciudadanía y derecho a voto, la presión política interna a lo largo de décadas podría abrir el camino a una extensión de esos derechos.

Este escenario, defendido por académicos como Virginia Tilley o Sarah Leah Whitson, plantea la creación de un Estado unitario, democrático y secular, donde todos los habitantes, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, tengan igualdad de derechos. Se opone a las cinco visiones principali del conflicto: el plan de la derecha radical (anexión con subordinación palestina), la solución de dos Estados, los modelos de confederación («un solo territorio, dos soberanías»), el statu quo violento, y precisamente, el estado binacional igualitario.

Paradójicamente, la rush actual de la derecha ultra-nacionalista por anexionar tierras podría sentar las bases para su propia derrota ideológica. Su objetivo es, en teoría, anexionar solo el Área C (que concentra los asentamientos y la mayor parte del territorio, pero muy poca población palestina), dejando las áreas A y B en un limbo administrativo. Sin embargo, la lógica de la expansión territorial y los intereses de los colonos apuntan a la integración total. Las áreas palestinas, divididas y enclavadas dentro del Área C, son difíciles de sostener como entidades separadas a largo plazo.

La teoría que algunos analistas exploran es que, al forzar la anexión yFin al estatus de «ocupación», los palestinos pasarían de ser objetos de una política militar a ciudadanos (o residentes) de un único estado. Desde esa posición, podrían utilizar las herramientas de la lucha política no violenta—manifestaciones masivas, campañas legales, presión electoral— para exigir igualdad, en un proceso que, aunque conflictivo, podría resultar menos sangriento que la actual combinación de ocupación, bloqueos y ciclos de violencia. La «fuerza» del oponente —su estructura estatal, su sistema legal, su capacidad de integración económica— podría transformarse, mediante una acción política persistente, en el instrumento para su propia democratización forzada.

Llevar a la prática esta visión requiere sortear obstáculos enormes. Implicaría que el movimiento nacional palestino redefina su objetivo de independencia a la lucha por la igualdad de derechos dentro de un estado existente, y que la sociedad israelí mayoritaria esté dispuesta a renunciar al privilegio de ser una mayoría con derechos exclusivos. El camino no está exento de violencia, y el contexto regional, con Hamas control Gaza y sin un interlocutor unificado en Cisjordania, añade capas de complejidad. Sin embargo, la deriva actual pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿podría el empuje por anexionar tierras ser, involuntariamente, el catalizador que obligue a una resolución final del conflicto en términos democráticos, aunque sea a un costo político inmenso para el proyecto sionista en su forma actual? La respuesta dependerá, en última instancia, de la capacidad de movilización y de la estrategia que desplieguen los millones de personas que quedarían atrapadas en ese nuevo, y aún por definir, espacio político.