En la provincia de Columbia Británica, en octubre de 2019, se vivió un hecho poco común en su legislatura, cuando los miembros aprobaron una ley que adoptaba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estableciendo estándares que incluyen el consentimiento libre, previo e informado para las acciones que los afecten.
Según el jefe regional de la Asamblea de las Primeras Naciones de Columbia Británica, Terry Teegee, esta ley «cambió fundamentalmente la relación» entre las Primeras Naciones y la provincia. Más allá de simplemente consultar, ahora se está hablando de la toma de decisiones compartida.
El líder Conservador de Columbia Británica, John Rustad, originalmente respaldó la legislación como miembro del Partido Liberal de la Oposición de B.C., pero desde entonces ha señalado su intención de «repechear» la ley si su partido gana las elecciones provinciales del 19 de octubre.
Teegee expresó que Rustad estaba «creando enemigos» con las Primeras Naciones al intentar deshacer la legislación que promueve la reconciliación. Según él, esta acción deshace gran parte del trabajo positivo logrado en la provincia.
La legislación de B.C. adopta la Declaración como el marco para la reconciliación y establece un camino para que la provincia negocie acuerdos con las Primeras Naciones con el objetivo de establecer la toma de decisiones compartida en sus territorios. Esto ha llevado a cambios en las leyes provinciales relacionadas con la gestión de tierras, como la minería y la silvicultura, además de facilitar el progreso en devolver la jurisdicción a las Primeras Naciones sobre el bienestar de sus hijos.
Desmantelar la legislación de casi cinco años de antigüedad sería un retroceso en la reconciliación en B.C., dejando a las Primeras Naciones sin un espacio para sostener discusiones constructivas sobre el reconocimiento de los derechos territoriales y la toma de decisiones compartida con la provincia.
El candidato Conservador A’aliya Warbus, miembro de la Nación Sto:lo, expresó que inicialmente cuestionó a Rustad sobre la Declaración y quedó satisfecha con la explicación que recibió. Aunque considera que el 97 por ciento de la legislación es buena, señaló que la aplicación del consentimiento libre, previo e informado no ha sido resuelta en la provincia.
En cuanto a las críticas de líderes indígenas hacia Rustad, se ha mencionado que este está alimentando sentimientos antiindígenas y difundiendo desinformación sobre los planes de la provincia. Esta postura ha generado desconfianza entre las comunidades indígenas.
Es crucial entender que la legislación en cuestión ha sido fundamental para avanzar en la reconciliación con las Primeras Naciones en B.C., y deshacerla podría tener repercusiones significativas. Es necesario buscar soluciones consensuadas que respeten los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas en la provincia.
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