Sin normas nacionales, Carolina del Sur legisla para ocultar compensaciones a atletas universitarios.

El deporte universitario en Estados Unidos se encuentra en una encrucijada regulatoria que está redefiniendo los límites entre el amateurismo y el profesionalismo. En este escenario, Carolina del Sur ha decidido actuar por su cuenta, promoviendo una legislación que, lejos de clarificar, busca blindar con opacidad los flujos económicos hacia sus atletas. La propuesta, que avanzó recientemente en el comité de Energía y Comercio del Senado estatal, establece que los pagos realizados a través de los fondos de nombre, publicidad y similitud (NIL, por sus siglas en inglés) no serán documentos públicos, una medida que contrasta abiertamente con la tendencia de transparencia que predomina en otros estados.

Esta iniciativa legislativa nace de un vacío legal a nivel federal. Desde que la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA) cedió parcialmente a la presión judicial y permitió a los estudiantes recibir compensación por el uso de su imagen, cada estado ha construido su propio marco normativo. Carolina del Sur opta por el extremo de la confidencialidad, argumentando que la privacidad de los estudiantes debe primar sobre el derecho ciudadano a conocer el destino de fondos públicos que, en última instancia, subvencionan estas transacciones a través de universidades estatales. Sin embargo, críticos señalan que esta opacidad podría facilitar acuerdos ocultos o desigualdades entre deportes y género.

El debate trasciende lo jurídico para adentrarse en la ética del sistema. Mientras estados como California y Colorado exigen revelaciones públicas detalladas de todos los contratos NIL, Carolina del Sur se alinea con una minoría que prioriza la discreción. Analistas del sector educativo deportivo apuntan que esta decisión podría convertir al estado en un refugio para universidades que busquen atraer talento con ofertas económicas sin someterse al escrutinio público. La pregunta que surge es inevitable: ¿hasta qué punto el secreto beneficia al estudiante-atleta y no más bien a las instituciones que gestionan estos recursos?

La dimensión comercial no puede obviarse. Las principales marcas deportivas, que invierten millones en patrocinios con atletas universitarios, observan con atención cómo cada estado configura sus reglas de transparencia. Un entorno opaco podría distorsionar el mercado, creando bolsillos de información asimétrica donde las negociaciones se realizan sin benchmarking público. Para las empresas, la previsibilidad y la equidad en las compensaciones son claves para diseñar estrategias de marketing sostenibles. La ley de Carolina del Sur, en la práctica, podría introducir una variable de riesgo en las inversiones.

Curiosamente, esta polémica llega en un momento en que la propia NCAA intenta promover un acuerdo nacional para uniformar las reglas NIL, precisamente para evitar el «laberinto estatal» que está surgiendo. La jugada de Carolina del Sur, por tanto, es un frenazo a esa unificación y un recordatorio de que, cuando las instituciones federales no actúan, el mosaico de legislaciones estatales puede fragmentar gravemente el ecosistema. Para el estudiante-atleta medio, que a menudo carece de asesoría legal especializada, la falta de transparencia estatal podría traducirse en contratos menos favorables o difíciles de comparar.

Desde una perspectiva de derechos del consumidor y buen gobierno, la tendencia debe ser la inversa. La sociedad tiene un legítimo interés en conocer cómo se utilizan los recursos públicos, incluso cuando estos se canalizan a través de entidades privadas como las universidades. La opacidad, en este caso, no protege al vulnerable; puede, por el contrario, blindar prácticas que aprovechen la falta de información. El ejemplo de otros estados que han hecho públicos los acuerdos, sin revelar cláusulas comerciales sensibles, demuestra que es posible equilibrar privacidad y transparencia.

El futuro inmediato augura una batalla legal. Organizaciones de defensa de la libertad de información ya han anunciado que impugnarán la ley si se aprueba en su versión final, argumentando que viola principios constitucionales estatales sobre acceso a documentos públicos. Mientras tanto, miles de atletas en Carolina del Sur seguirán negociando sus contratos en la penumbra, con la incertidumbre de que sus acuerdos quedarán fuera del escrutinio colectivo. En el gran tablero del deporte universitario, esta medida no es solo una anécdota normativa; es una declaración de intenciones sobre quién controla la narrativa de un negocio que mueve miles de millones.