El contexto geopolítrico y comercial sigue en vilo tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que declaró ilegales los aranceles impuestos por la administración Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La respuesta del ejecutivo no se ha hecho esperar: el presidente ha adelantado su intención de firmar una orden ejecutiva que establezca un arancel global del 10 por ciento, amparándose ahora en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este nuevo marco, con una vigencia inicial de 150 días, busca corregir «déficits comerciales grandes y graves», pero su permanencia más allá de ese plazo exigiría la aprobación del Congreso, reintroduciendo un elemento de incertidumbre legislativa.
Para la industria de la moda y el calzado, cuyo tejido productivo depende en gran medida de cadenas de suministro globalizadas, los matices legales son cruciales. Los aranceles «reciprocarios» que afectaban a países como China —con gravámenes que llegaban al 145 por ciento— o las medidas del 25 por ciento sobre Canadá y México, han quedado sin efecto. Sin embargo, la nueva disposición, aunque de menor cuantía, despliega un espectro más amplio y menos específico, lo que según analistas, podría transformar la estructura de costos de forma generalizada. La diferencia sustancial radica en que, mientras los aranceles anulados se fundamentaban en una declaración de emergencia nacional, los actuales se insertedan en un mecanismo de respondedía limitada, diseñado para equilibrar desbalances comerciales.
Los efectos inmediatos en el mercado han sido desiguales. Firmas como Nike o Birkenstock, con una exposición significativa a las importaciones asiáticas, ven cómo se disipa una presión financiera considerable. Analistas de firms como Jefferies y Needham señalan que la sentencia del Tribunal Supremo actúa como un «claro positivo» para el sector del consumo discrecional, al restringir la capacidad ejecutiva para imponer aranceles de manera unilateral y acelerada. La guía financiera de Nike para el año fiscal 2026, que ya contemplaba un impacto adverso de 1.500 millones de dólares, se Revisiona ahora a la baja, lo que podría traducirse en un margen bruto más holgado. En el caso de Birkenstock, la eliminación de un gravamen del 10 por ciento revierte una previsión de contracción de 100 puntos básicos en su margen de EBITDA ajustado, abriendo la puerta a un rendimiento superior a las expectativas del mercado.
No obstante, el escenario no está exento de complejidades operativas. Una de las grandes lagunas de la resolución judicial es la ausencia de directrices sobre la devolución de los aranceles ya recaudados. Se estima que en el último año se ingresaron around 264.000 millones de dólares por este concepto, de los cuales aproximadamente la mitad —unos 130.000 millones— corresponden a los aranceles impuestos bajo la IEEPA ahora invalidados. Expertos de Wells Fargo Securities advierten que los reembolsos no serán automáticos, sino que deberán gestionarse a través de procesos de reclamación individualizados, lo que alargará el período de incertidumbre para los importadores. El juez Brett Kavanaugh, en su voto particular, calificó ya este proceso de «caótico», subrayando las implicaciones para el Tesoro estadounidense.
La lentitud en la materialización de estos reembolsos —que podrían tardar meses o incluso años— y la duda sobre si llegarán finalmente al consumidor final, añaden capas de complejidad. Consultores del sector, como el ex CEO de la American Apparel and Footwear Association (AAFA), Rick Helfenbein, sugieren que una eventual reducción de los precios mayoristas podría derivarse de estos flujos de caja recuperados, beneficiando a la economía nacional y a la salud del retail. No obstante, la presidenta actual de la AAFA, Steve Lamar, insta a la administración a colaborar con el Congreso y todos los actores involucrados para diseñar una política comercial predecible y ajustada al estado de derecho, que alivie la «carga arancelaria ya pesada» que soporta la industria.
En este entramado, empresas como Steve Madden —con un significativo negocio de marca privada en grandes superficies como Walmart y Target— también podrían experimentar un respiro, ya que los aranceles previos habían hecho que ciertas categorías de producto dejaran de ser rentables para los minoristas. El CEO de RG Barry, Bob Mullaney, resume el sentir generalizado: si bien la sentencia judicial es un precedente importante, «no aporta claridad sobre lo que viene después». La estabilidad y la previsibilidad siguen siendo las principales demandas de un sector que navega entre tribunales, órdenes ejecutivas y negociaciones diplomáticas, con el trasfondo de una posible ronda de aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, dirigida específicamente a China y con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables.
En definitiva, el tejido de la moda global observa con atención cómo las herramientas de política comercial estadounidense se reconfiguran tras el revés judicial. Mientras el ritmo de los acontecimientos políticos marca la agenda, las empresas del sector ajustan sus modelos de costos y cadena de suministro, conscientes de que cualquier nuevo arancel, aunque temporal, puede alterar la ecuación de competitividad en un mercado ya de por sí volátil. La certeza jurídica, más que la mera cuantía de los gravámenes, emerge como el factor determinante para la planificación a medio plazo.



GIPHY App Key not set. Please check settings