Israel mantiene despliegue militar indefinido en Gaza, Líbano y Siria.

La persistente presencia militar israelí en territorios disputados, incluyendo Gaza, Líbano y Siria, se consolida como una estrategia a largo plazo, una declaración que añade complejidad a las negociaciones en curso para un alto el fuego y la liberación de rehenes. La decisión, anunciada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, revierte la práctica habitual de evacuar zonas previamente aseguradas, estableciendo en su lugar una ocupación continua, independientemente de la duración de la situación actual o futura.

El ejército israelí ha intensificado su control sobre más de la mitad de la Franja de Gaza en su actual campaña, buscando ejercer presión sobre Hamás para que libere a los rehenes retenidos desde el ataque del 7 de octubre. Paralelamente, Israel mantiene su negativa a retirarse de ciertas áreas en Líbano, tras el cese de hostilidades con Hezbolá el año pasado, y continúa controlando una zona de amortiguamiento en el sur de Siria, establecida tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a finales de 2023.

Katz ha justificado esta política de ocupación permanente argumentando la necesidad de establecer “zonas de seguridad” que actúen como barrera entre las fuerzas enemigas y las comunidades israelíes. Este enfoque, según el ministro, se aplicará en Gaza de forma similar a como se ha hecho en Líbano y Siria, sin importar si la situación evoluciona hacia un acuerdo temporal o una estabilidad duradera.

La comunidad internacional, y especialmente las partes involucradas, perciben esta presencia militar como una ocupación que vulnera el derecho internacional. Hamás, por su parte, ha condicionado la liberación de los rehenes restantes a una retirada completa de Israel de Gaza y al establecimiento de un alto el fuego definitivo, condiciones que parecen cada vez más difíciles de alcanzar dadas las recientes declaraciones.

La postura israelí ha provocado críticas incluso dentro del propio país. Organizaciones que representan a las familias de los rehenes han expresado su preocupación, acusando a Israel de priorizar la adquisición de territorio sobre la seguridad de los cautivos y lamentando la falta de avances en las negociaciones. Estas agrupaciones abogan por una solución negociada que, aunque implique concesiones, garantice el retorno seguro de todos los rehenes.

Las justificaciones israelíes se centran en la prevención de futuros ataques como el del 7 de octubre, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y fueron secuestrados 251 individuos. Sin embargo, la operación militar en Gaza ha resultado en una escalada de la violencia, con más de 51.000 palestinos muertos según el Ministerio de Salud de Gaza, aunque no distingue entre combatientes y civiles. Israel afirma haber eliminado a unos 20.000 militantes, aunque no ha presentado pruebas que respalden esta cifra.

La situación humanitaria en Gaza se ha deteriorado dramáticamente. Gran parte del territorio es inhabitable, y alrededor del 90% de su población, aproximadamente 2 millones de personas, se ha visto desplazada, muchas de ellas en condiciones precarias y con acceso limitado a alimentos y suministros básicos tras el cierre de las fronteras por parte de Israel.

El gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu, ha manifestado su intención de «aniquilar» a Hamás y recuperar a los 59 rehenes que aún permanecen en Gaza, incluyendo 24 que se presume siguen con vida. Netanyahu también ha propuesto la reubicación de parte de la población de Gaza en otros países, una idea ampliamente rechazada por los palestinos y la comunidad internacional como una violación del derecho al retorno y una forma de desplazamiento forzado.

Esta propuesta, respaldada por la administración estadounidense, ha sido vista con escepticismo y rechazo por muchos países árabes, quienes la consideran una violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Los palestinos, por su parte, se aferran a su derecho a permanecer en su tierra y rechazan cualquier intento de desplazamiento masivo. La persistente situación de conflicto y la reciente declaración de intenciones de mantener una presencia militar indefinida complican aún más la búsqueda de una solución pacífica y duradera en la región.