Redacción - El Semanal
En el Reino Unido, el debate sobre los límites del activismo político ha tomado un giro polémico tras la decisión del gobierno de incluir a Palestine Action en la lista de organizaciones proscritas por terrorismo. La medida, que podría ratificarse este 30 de junio, ha desencadenado un intenso cuestionamiento sobre hasta qué punto las democracias liberales pueden restringir el derecho a la protesta sin caer en prácticas autoritarias.
El caso gira en torno a las acciones más recientes de este colectivo, cuyos miembros irrumpieron en la base aérea de Brize Norton, dañando aviones militares. Según fuentes oficiales, estos actos no solo implican vandalismo, sino que buscan influir en la política británica mediante la intimidación, un criterio que, bajo la Ley de Terrorismo del 2000, justificaría su prohibición. Sin embargo, críticos argumentan que equiparar daños a la propiedad con terrorismo diluye la gravedad del término y sentaría un precedente peligroso para otros movimientos sociales.
Un poder controvertido
La proscripción no es nueva: desde 1746, cuando se usó contra los jacobitas en Escocia, hasta la actual lista de 81 organizaciones prohibidas —entre ellas Hamas o Al Qaeda—, el Reino Unido ha recurrido históricamente a esta herramienta. No obstante, la inclusión de Palestine Action destacaría por ser la primera vez que se aplica a un grupo cuyas acciones no han causado víctimas mortales. La secretaria del Interior, Yvette Cooper, defendió la medida alegando que sus tácticas —como el lanzamiento de bengalas— generaron "pánico y riesgo público", criterios suficientes bajo la ley.
¿Doble estándar?
La decisión ha levantado sospechas de sesgo político. Observadores señalan que, mientras el gobierno actúa con firmeza contra colectivos vinculados a la causa palestina, otras organizaciones proscritas —como el Ulster Volunteer Force en Irlanda del Norte— siguen siendo celebradas simbólicamente en ciertas comunidades sin consecuencias legales similares. Este contraste alimenta acusaciones de que la medida responde a presiones internacionales o a la relación estratégica con Israel, más que a un análisis objetivo de la amenaza.
El riesgo para las libertades
Expertos en derechos humanos alertan sobre el efecto dominó: si protestas basadas en la desobediencia civil pasan a clasificarse como terrorismo, cualquier movimiento disruptivo —desde huelgas climáticas hasta manifestaciones sindicales— podría enfrentar criminalización. Además, la ley permite tratar a grupos afines como "alias" de organizaciones prohibidas, ampliando el radio de persecución. Solo cuatro colectivos han salido de la lista en 25 años, lo que sugiere que estas inclusiones raras veces son reversibles.
El caso de Palestine Action trasciende lo jurídico para plantear una cuestión incómoda: ¿puede un estado democrático reprimir formas de disidencia sin erosionar sus propios fundamentos? Mientras el parlamento británico se prepara para votar la medida, la controversia revela una tensión creciente entre seguridad y libertades en tiempos de polarización global.
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