Canadá implementa fondo millonario para afectados por vacunas que exigen mejoras

Programa canadiense de indemnización por efectos adversos de vacunas: promesas incumplidas y familias en crisis

En medio de la pandemia, millones de personas en Canadá respondieron al llamado para vacunarse contra el COVID-19, confiando en que las autoridades aseguraban que los efectos graves eran excepcionales. Sin embargo, para un reducido grupo, esa decisión marcó un antes y un después en sus vidas. El Vaccine Injury Support Program (VISP), creado en 2020 con un fondo de 50 millones de dólares canadienses, prometía auxilio económico a quienes sufrieran consecuencias severas. Cuatro años después, afectados y expertos denuncian que el sistema les ha fallado.

Historias detrás de las estadísticas

Stephen MacDougall, un hombre de 45 años sin antecedentes médicos, falleció en mayo de 2021 por una miopericarditis vinculada a la vacuna, dejando atrás a su esposa Kimberly y dos hijos pequeños. "Vi cosas que nadie debería ver", relata ella, quien recibió una compensación que considera insuficiente para cubrir la pérdida de ingresos futuros y las terapias de duelo para su familia.

Casos como el de Becky Marie Campbell, una maestra de Columbia Británica que quedó en silla de ruedas tras una reacción autoinmune, reflejan otro problema: las negativas arbitrarias. Aunque su médico respaldó la conexión con la vacuna, el VISP rechazó su solicitud basándose en "falta de literatura médica". "Creí que mi país me apoyaría", dice Campbell, hoy sumida en deudas por tratamientos.

Fallos sistémicos y desgaste burocrático

Según datos oficiales, solo 0.011% de las dosis administradas generaron eventos adversos graves (11,702 reportes). No obstante, el programa —externalizado a la consultora Oxaro Inc.— ha sido criticado por su lentitud y opacidad:

• Delays crónicos: De 3,000 solicitudes presentadas, 1,700 siguen en espera. Algunos afectados, como Kayla Pollock, llevan años en trámite. Pollock, diagnosticada con mielitis transversa, perdió su trabajo y su vivienda. "Me ofrecieron eutanasia porque vivir me cuesta más que morir", confiesa.
• Criterios cuestionables: Varios rechazos se basaron en evaluaciones médicas realizadas sin entrevistar a los pacientes. Mike Becker, quien desarrolló trombosis severa, recibió un dictamen que admitía la "falta de evidencia" pero sugería reevaluarlo si surgieran nuevos estudios. Su apelación lleva casi dos años sin respuesta.
• Asimetría financiera: Del total asignado, el 67% (33.7 millones) se destinó a gastos administrativos, mientras que las indemnizaciones suman solo 16.9 millones.

Una crisis anunciada

Expertos como el Dr. Kumanan Wilson, especialista en salud pública, advirtieron que implementar el programa durante la emergencia era un error. "Otros países tenían sistemas establecidos; Canadá improvisó", señala. La falta de preparación derivó en falta de personal, requisitos confusos y pagos tardíos. Ross Wightman, uno de los pocos aprobados, describe el proceso como "un incendio incontrolable": esperó 20 meses para recibir ayudas económicas y enfrenta demoras recurrentes en el reembolso de tratamientos.

¿Qué sigue?

La ministra de Salud, Marjorie Michel, calificó las denuncias de "inaceptables" y prometió reformas. Mientras, afectados como Shannon Dupont —con secuelas neurológicas y deudas acumuladas— claman por soluciones inmediatas. "Nos tratan como si esperaran que desaparezcamos", lamenta.

El VISP nació como un gesto de solidaridad, pero para quienes confiaron en él, se ha convertido en un laberinto de frustración. La pregunta que persiste es si las promesas hechas en plena crisis podrán cumplirse cuando más se necesitan.

Este reportaje se basa en testimonios, documentos oficiales y datos de Health Canada. Los nombres de los afectados han sido verificados por nuestra redacción.