Hong Kong retira pasaportes y bloquea fondos a 16 activistas en el extranjero

Hong Kong intensifica su presión sobre activistas en el exilio con medidas sin precedentes

El gobierno de Hong Kong ha adoptado una postura drástica contra opositores en el extranjero al cancelar los pasaportes y bloquear el acceso a fondos financieros de al menos 16 activistas prodemocracia. Esta medida, inédita en su rigor, forma parte de una estrategia más amplia para contrarrestar lo que las autoridades describen como "amenazas a la seguridad nacional".

Entre los afectados se encuentran figuras prominentes vinculadas a las protestas masivas de 2019, quienes ya residían fuera de la región administrativa especial. Las nuevas sanciones impiden no solo su regreso, sino también cualquier transacción económica procedente de Hong Kong, lo que dificulta su sustento en el exilio. Analistas señalan que esta decisión refleja la creciente alineación de las políticas locales con las directrices de Pekín, especialmente tras la implementación de la Ley de Seguridad Nacional en 2020.

Fuentes jurídicas internacionales han cuestionado la legalidad de estas acciones, alegando que podrían violar principios básicos de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades hongkonesas insisten en que las medidas son "necesarias y proporcionadas" para salvaguardar la estabilidad. La Cancillería china ha respaldado la decisión, reiterando su postura de no tolerar lo que califica como "actividades separatistas".

Este movimiento no solo tiene implicaciones políticas, sino también personales para los sancionados. Varios de ellos han denunciado que la medida busca aislarlos tanto económica como socialmente, cortando incluso la posibilidad de recibir ayuda de familiares. Organizaciones como Amnesty International han alertado sobre el "clima de represión" que, aseguran, se extiende más allá de las fronteras de Hong Kong.

El contexto internacional añade capas de complejidad. Países como Reino Unido, Canadá y Australia, donde residen algunos de los activistas, han condenado las sanciones, aunque hasta ahora no han anunciado contramedidas concretas. La tensión diplomática podría escalar si otros gobiernos intervienen para proteger a sus residentes.

Mientras, en Hong Kong, la medida ha sido recibida con división. Sectores afines al gobierno celebran lo que consideran un "mensaje firme contra la disidencia", mientras que grupos civiles advierten sobre un precedente peligroso para la autonomía jurídica y las libertades individuales. Lo que parece claro es que esta decisión reafirma el rumbo político de la región, cada vez más integrada en el sistema de control chino.

El impacto a largo plazo de estas sanciones aún es incierto, pero marca un nuevo capítulo en la erosión de las libertades que alguna vez definieron a Hong Kong.