Redacción - El Semanal
El primer ministro de Quebec, François Legault, declaró este martes ante una comisión de investigación que desconocía los sobrecostes de cientos de millones de dólares en la plataforma digital SAAQclic, un sistema implementado para renovar licencias de conducir y gestionar trámites vehiculares. Según su testimonio, no fue informado de los desvíos presupuestarios hasta febrero de este año, cuando un informe del auditor general reveló que el proyecto, inicialmente presupuestado en alrededor de 600 millones, había superado los 1.100 millones de dólares.
El escándalo tiene implicaciones políticas significativas, especialmente en un contexto preelectoral. La oposición ha acusado al gobierno de Legault de opacidad y falta de transparencia, mientras la credibilidad de su gestión se ve cuestionada. Sin embargo, el premier insistió en que su atención estuvo centrada en problemas más urgentes durante los últimos años, como la pandemia, la crisis inflacionaria y el aumento de la inmigración temporal. «No es normal que me enterara tan tarde de un sobrecosto de 500 millones», reconoció Legault, aunque trasladó la responsabilidad a los directivos de la entidad estatal encargada del proyecto.
Testimonios previos sugieren que las alertas sobre los desvíos financieros se remontan a 2020, e incluso se mencionó que el entonces secretario general del gobierno, Yves Ouellet, fue notificado en 2022 de un faltante de 222 millones. Legault negó haber recibido esa información y cuestionó la claridad de los reportes proporcionados por los funcionarios de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). «Los ministros podrían haber preguntado más, pero el problema de fondo está en la dirección de la SAAQ», afirmó.
La plataforma, que debutó con fallos técnicos masivos —provocando largas filas en las oficinas y retrasos en trámites—, fue negociada originalmente bajo el gobierno liberal anterior, en 2017. Legault criticó el contrato inicial por carecer de cláusulas que penalizaran retrasos o excesos en el gasto. A pesar de ello, asumió la responsabilidad política como jefe de gobierno: «En Quebec debemos trabajar en la rendición de cuentas. Todos, incluido el servicio público, deben ser más transparentes».
La comisión, creada tras la publicación del informe del auditor general, ha escuchado a exdirectivos de la SAAQ, ministros y altos funcionarios. Legault evitó hablar con la prensa al finalizar su declaración, dejando pendiente la pregunta sobre posibles sanciones a los implicados. El caso sigue abierto, alimentando el debate sobre la eficiencia en la gestión pública y la fiscalización de proyectos estatales.
Mientras, los ciudadanos de Quebec esperan respuestas claras y soluciones concretas para un sistema que, pese a su alto costo, sigue presentando desafíos operativos. La sombra del escándalo persiste en un momento clave para la administración de Legault, que enfrenta creciente presión con miras a las elecciones provinciales del próximo año.
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