Activistas dominicanos protestan contra un nuevo código penal que mantendría la prohibición total del aborto, desatando una ola de controversia en el país caribeño.
La propuesta de reforma al código penal, presentada por el Comité de Justicia y Paz de la Conferencia del Episcopado Dominicano, ha generado duras críticas por parte de organizaciones y defensores de los derechos reproductivos de las mujeres. En medio de una sociedad polarizada, la discusión sobre el aborto sigue siendo un tema sensible y de gran relevancia en la República Dominicana.
Las protestas, que se han llevado a cabo frente al Congreso Nacional y en diferentes puntos de la capital, Santo Domingo, han reunido a un gran número de personas que exigen la despenalización del aborto en casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer esté en peligro. Este debate resalta la lucha constante entre los sectores conservadores y progresistas de la sociedad dominicana.
El actual código penal de la República Dominicana data de 1884 y establece la prohibición absoluta del aborto, sin excepciones. Esta normativa ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y feministas, que consideran que criminalizar el aborto pone en peligro la vida y la salud de las mujeres, obligándolas a recurrir a prácticas clandestinas y peligrosas.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan alrededor de 95.000 abortos inseguros en la República Dominicana, lo que se traduce en altas tasas de complicaciones y muertes evitables. La criminalización del aborto no solo vulnera los derechos reproductivos de las mujeres, sino que también perpetúa la desigualdad y la discriminación de género en el país.
Ante este panorama, las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos continúan presionando al Gobierno dominicano para que se incluyan excepciones al aborto en el nuevo código penal. La discusión sobre este tema se ha intensificado en las últimas semanas, generando un debate público sobre la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y legales para todas las mujeres.
En medio de la controversia y las protestas, la sociedad dominicana se enfrenta a un desafío fundamental: garantizar los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva, en un contexto en el que la legislación actual los niega de manera categórica. La lucha por la despenalización del aborto en la República Dominicana continúa siendo un tema central en la agenda política y social del país caribeño.
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