Deckers Brands, matriz de Ugg, enfrenta demanda antimonopolio de Quince.

La estrategia legal de UGG contra las “copias”: ¿competencia desleal o abuso de dominio?

En el competitivo mundo de la moda, donde la línea entre la inspiración y la imitación es a menudo borrosa, se libra una batalla legal que podría redefinir las reglas del juego. La marca UGG, propiedad del gigante estadounidense Deckers Brands, ha construido un imperio en torno a sus botines y calzado de piel de oveja, un icono de estilo casual que alcanza una cuota de mercado que, según estimaciones del sector, ronda el 50% en su categoría. Ahora, su agresiva estrategia para proteger ese diseño está en el centro de una tormenta antisubvención que amenaza con desvelar las tácticas de una de las empresas más poderosas del calzado.

El detonante lo ha puesto Quince, un minorista directo al consumidor que se ha popularizado por ofrecer versiones de diseños de lujo a precios más accesibles, asegurando una calidad comparable. Tras perder un pulso legal el pasado año en el que Deckers defendió con éxito algunos elementos distintivos de sus zapatos UGG como “trade dress” (la apariencia física que identifica el origen de un producto), Quince no se ha quedado quieta. Ha presentado una nueva demanda en California, pero esta vez no para defenderse, sino para acusar a Deckers de orquestar una campaña sistemática para estrangular la competencia.

El corazón de la acusación es una práctica que Quince califica de “cadena de montaje de litigios”. Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio, Deckers estaría utilizando un conjunto de demandas “plantilla” o “tipo” contra decenas de competidores. Estas demandas, afirma Quince, cambian únicamente el nombre del demandado y el producto concreto, pero repiten idénticas listas de características que, según la nueva demanda, son elementos básicos y no protegibles del calzado casual: el exterior de gamuza, el forro de piel de oveja, la puntera redonda o la suela gruesa.

“Reutiliza listas de características idénticas en demandas contra docenas de competidores, cambiando solo el nombre del demandado y el producto”, se lee en la querella. La acusación es más grave todavía: señala que párrafos enteros aparecen “sin variación material” en demandas presentadas con años de diferencia, contra acusados distintos y sobre diseños de calzado diversos. Esto, sostiene Quince, no es la defensa legítima de una propiedad intelectual, sino un mecanismo para extender desproporcionadamente la protección y ejercer un control fáctico sobre toda la categoría de calzado casual de piel.

La estrategia, según la demanda, tendría dos frentes. El primero, de intimidación pura: presentar estas demandas en periodos críticos de ventas, como la campaña navideña, para alterar la operativa y la reputación de los competidores más pequeños. El segundo, de efecto multiplicador: many de estos casos se resolverían con acuerdos extrajudiciales, que Deckers después utilizaría como precedente y palanca para presionar a nuevos rivales, creando un círculo vicioso de litigios que solo una empresa con la musculatura financiera de Deckers —valuada en unos 2.500 millones de dólares— podría permitirse sostener.

Para Quince, este comportamiento busca un objetivo claro: sobre-extender la protección del “trade dress” para controlar el mercado. “Deckers busca controlar toda la categoría de bienes en el Mercado de Calzado Casual de Piel de Oveja”, afirma la compañía en su escrito. Acusa a la matriz de UGG de usar el sistema judicial no para resolver disputas específicas, sino como un arma estratégica de competencia desleal, abusando de su posición dominante.

La respuesta de Deckers Brands, consultada por este medio antes del cierre de esta edición, no ha sido inmediata. La compañía, que el año pasado logró un fallo favorable en su litigio contra Quince, enfrenta ahora una disputa de mucha mayor envergadura. Si los tribunales aceptan la lógica de Quince, no solo se vería obligada a modificar radicalmente su estrategia de protección de marca, sino que podría enfrentarse a significativas indemnizaciones por daños y perjuicios, tanto compensatorios como punitivos, además de una orden judicial que limite sus prácticas.

Para el consumidor y para el ecosistema del fast fashion de calidad, este caso sienta un precedente crucial. Establece el debate sobre hasta qué punto una empresa puede apropiarse de atributos genéricos de un producto y usar el brazo de la ley para eliminar opciones más económicas del mercado. La balanza entre la protección de la innovación y el fomento de la competencia leal está a punto de recibir un nuevo ajuste en los tribunales de California, y su resonancia se sentirá en estanterías y escaparates de todo el mundo de habla hispana.