La integración de drones en las labores de seguridad pública no deja de evolucionar, y la compañía BRINC, con sede en Seattle, acaba de presentar su nuevo modelo Guardian, un artefacto que promete redefinir la intervención policial en situaciones críticas. Este dispositivo, que ya forma parte de los sistemas denominados “dron como primer respondedor” (DFR, por sus siglas en inglés) en más de 900 ciudades estadounidenses como Laredo (Texas) o Chattanooga (Tennessee), incorpora novedades que van más allá de la simple vigilancia aérea.
Entre sus características más destacadas se encuentra la capacidad de conectarse a la red de satélites Starlink, lo que garantiza una transmisión de datos estable incluso en zonas con cobertura celular deficiente. Pero quizás su funcionalidad más llamativa sea la inclusión de un dispensador de Narcan, el medicamento utilizado para revertir sobredosis por opioides, que puede ser lanzado desde el aire en casos de emergencia médica. Además, su diseño aerodinámico y su motor optimizado le permiten alcanzar velocidades de hasta 60 millas por hora (unos 96 km/h), facilitando la persecución de vehículos sospechosos.
El apartado acústico también ha sido objeto de mejora. Según datos proporcionados por la empresa, el sistema de altavoz integrado en el Guardian es capaz de modular su tono para sincronizarse con las sirenas de patrullas, logrando que su volumen se triplique en comparación con otros drones convencionales. Esto, afirman, asegura que las instrucciones verbales desde el dron sean audibles en entornos urbanos ruidosos.
La implantación de estas tecnologías, no obstante, conlleva inversiones considerables. Los ayuntamientos suelen desembolsar entre varias decenas de miles y cientos de miles de dólares anuales por cada unidad, con contratos que pueden ascender a millones cuando se adquieren flotas completas. Un ejemplo es el acuerdo anunciado hace un año por Newport Beach (California), que comprometió 2,17 millones de dólares durante cinco años para siete aparatos. El éxito comercial de BRINC, valuada en aproximadamente 480 millones de dólares según Forbes, refleja la confianza que depositan muchasAdministraciones en estas soluciones.
Desde el departamento de policía de Redmond (Washington), cliente habitual de la marca, se califica el Guardian como “un chasis completamente nuevo y diferente”, subrayando su salto cualitativo. Su portavoz, Jill Green, lo definió en un correo electrónico como “un enorme avance en innovación y posibilidades para los DFR”.
Sin embargo, no todas las voces son entusiastas. Faine Greenwood, analista especializada endrones con años de experiencia, mantiene una postura escéptica. “Incluso si estas afirmaciones son ciertas —lo cual dudo—, las mejoras en velocidad y autonomía son incrementales comparadas con otras plataformas similares”, declaró. A su juicio, no se trata de una alteración radical del mercado, sino de un perfeccionamiento que no convencerá a quienes aún dudan de la utilidad de estos artefactos en tareas policiales. Este matiz recuerda que, pese a los avances técnicos, la adopción masiva de drones en seguridad pública sigue enfrentando debates sobre privacidad, eficiencia y coste-beneficio.



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