Redacción - El Semanal
El arresto del ex príncipe Andrew Mountbatten-Windsor ha desencadenado una serie de acciones municipales en Canadá que reflejan un cambio profundo en la percepción social hacia figuras públicas asociadas a controversias. En el corazón de esta reactivación se encuentra la decisión del alcalde de St. Catharines, Ontario, de impulsar el cambio de nombre de Prince Andrew Court, una calle residencial cercana a Prince Charles Court. Según declaraciones oficiales, el concejo municipal llevaba tiempo evaluando esta posibilidad, pero los recientes sucesos han acelerado la iniciativa hasta el punto de considerar que «no hay razón para continuar discutiendo» la permanencia del nombre.
Este caso no es aislado. Desde 2022, cuando Dartmouth, Nueva Escocia, renombró la antigua Prince Andrew High School como Woodlawn High School, hasta las mociones aprobadas en Mississauga para eliminar toda referencia al duque de York en el bulevar que llevaba su nombre, o los estudios en curso en el Township de Selwyn sobre Prince Andrew Island y Gordonstoun Island, la tendencia se consolida. En Oak Bay, Columbia Británica, existe un pequeño sector residencial, Prince Andrew Place, que ya ha generado interés vecinal, aunque su ayuntamiento aún no ha formalizado una petición. Toronto y Caledon también mantienen vías con su denominación, lo que sugiere que el debate podría extenderse.
El trasfondo de estas decisiones radica en los persistentes vínculos del ex royal con el financiero convicto Jeffrey Epstein, una relación que durante más de una década ha empañado la imagen de la familia real británica. A pesar de las constantes negaciones de Andrew sobre cualquier irregularidad, la publicación de detalles en libros y la liberación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron una correspondencia que continuó incluso después de que Epstein se declarara culpable en 2008 de solicitar los servicios de una menor. Estos hechos llevaron a la reina Isabel II a despojarle de sus deberes reales en 2019 y, posteriormente, a su hermano, el rey Carlos III, de retirarle el tratamiento de alteza real y obligarle a abandonar sus residencias oficiales.
El impacto trasciende lo político y alcanza directamente el ámbito de la moda y la imagen pública. La monarquía británica ha sido históricamente un motor de tendencias, con sus miembros actuando como embajadores de lujo para casas de moda y marcas de alto standing. La sombra de escándalo sobre Andrew no solo deteriora la reputación institucional, sino que fuerza a las marcas asociadas a reconsiderar cualquier vínculo implícito. En un sector donde la confianza y los valores alineados con los consumidores son primordiales, el simple nombre en una calle puede convertirse en un activo tóxico.
Para los ayuntamientos, el proceso de cambio de nomenclatura no es meramente simbólico. Implica consultas públicas con residentes y partes interesadas, evaluación de costos financieros y administrativos, y, en el caso de Ontario, un trámite obligatorio ante la Junta de Nombres Geográficos de la Provincia que puede durar hasta un año. Esta meticulosidad subraya la seriedad con que las comunidades abordan la alineación de su patrimonio urbano con los valores contemporáneos.
Desde una perspectiva de moda y comunicación, el fenómeno evidencia cómo la calle, como espacio público, funciona como un termómetro de la aceptación social. Un nombre que persiste es una validación cultural; su remoción, un rechazo. Para diseñadores y estrategas de marca, la lección es clara: la asociación con celebridades o figuras de influencia conlleva riesgos reputacionales que pueden materializarse en la pérdida de sinergias comerciales y en el distanciamiento del público. La caída del ex príncipe Andrew sirve como estudio de caso sobre la necesidad de due diligence en las colaboraciones, considerando no solo el presente sino el historial y las conexiones potenciales.
Mientras el proceso legal contra Mountbatten-Windsor avanza en Estados Unidos —con el palacio de Buckingham anunciando su cooperación con cualquier investigación policial—, el efecto en la esfera pública canadiense continúa expandiéndose. Cada municipio que emprende la revisión de un topónimo añade presión a otros y alimenta un narrative global sobre la rendición de cuentas. En el mundo de la moda, donde la narrativa es esencial, este giro sugiere que incluso los símbolos más tradicionales de estatus no están inmunes a la reconfiguración cultural, y que el estilo, para perdurar, debe estar anclado en una integridad incuestionable.
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