El gobierno federal refuerza la supervisión de empresas que afirman ser indígenas

El gobierno de Canadá ha anunciado un refuerzo significativo en los controles destinados a erradicar el fraude en su programa de contratación pública para empresas indígenas, una medida que reverbera directamente en sectores como la moda, donde la autenticidad cultural y la procedencia de los diseños son cuestiones cada vez más sensibles.

El cambio de rumbo, comunicado formalmente al comité parlamentario de Asuntos Indígenas y del Norte, responde a una investigation periodística que expuso graves fisuras en el sistema. Durante años, el Directorio de Empresas Indígenas (IBD) funcionó como una puerta de acceso privilegiada a contratos federales por valor de miles de millones de dólares, con una cuota legal del cinco por ciento reservada para compañías propiedad y operadas por Primeras Naciones, Inuit o Métis. Sin embargo, se detectó que entidades sin vínculo real explotaban lagunas para inscribirse fraudulentamente, en algunos casos con documentación nula o simbólica.

En el ámbito textil y de diseño, esto se traducía en que marcas no indígenas podían adjudicarse licitaciones para proveer uniformes oficiales, artesanías o materiales, apropiándose de una identidad sin devolver beneficios a las comunidades de origen. Un caso documentado revelaba que una organización tribal fue instada a subir una «foto de un conejo» como prueba de su estatus, ilustrando el nivel de descontrol.

La respuesta oficial incluye ahora un cuestionario detallado y estandarizado para todos los solicitantes, orientado a evaluar no solo la propiedad accionarial, sino el control operativo real y la conexión comunitaria. Además, se ha realizado una auditoría masiva que ya ha supuesto la expulsión de 1.881 empresas del directorio. Las sanciones por falsificación contemplan la inhabilitación permanente y la remisión a las autoridades penales.

No obstante, la medida ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición. El diputado conservador Billy Morin, integrado en el comité supervisor, calificó el anuncio de «lleno de jerga burocrática» y carente de acciones tangibles. Su crítica señala que, si bien se superaron las metas del cinco por ciento en el ejercicio 2022-23, no se ha cuantificado el volumen exacto adjudicado a empresas fraudulentas, un dato que considera esencial para evaluar el daño al erario público y a la credibilidad del programa.

El riesgo subyacente, señalan analistas, es que estos escándalos socaven el apoyo social a una iniciativa concebida como reparación económica histórica. Si la percepción pública es que el sistema está infestado de oportunistas, podría generarse una reacción contra las verdaderas empresas indígenas, subjectedolas a un escrutinio excesivo y a un «efecto portero» que limite su acceso.

El programa, iniciado a finales de los noventa, buscaba corregir la marginalidad económica de los pueblos originarios permitiéndoles competir en igualdad de condiciones con grandes proveedores. Las investigaciones demostraron que desde sus inicios existían alertas internas sobre la manipulación, con esquemas criminales donde indígenas figuraban como testaferros a cambio de un porcentaje.

De cara al futuro, el ministerio ha avanzado que trabaja en una reforma estructural. La meta es «descentralizar» el IBD hacia un modelo «liderado por indígenas», transfiriendo la potestad de verificación a entidades representativas de las propias comunidades. Este cambio, aún en fase de co-creación con líderes de las tres naciones, apunta a restaurar la soberanía en la definición de quién es elegible. Paralelamente, la Auditoría General de Canadá ha abierto una indagación independiente sobre todo el entramado de adquisiciones indígenas, con conclusiones esperadas para este año.

Para la industria de la moda, este endurecimiento normativo en Canadá envía una señal clara: la autenticidad cultural deja de ser un mero argumento de marketing para convertirse en un requisito verificable con consecuencias legales. Marcas y diseñadores que basan su identidad en estéticas indígenas tendrán que demostrar, sin ambigüedades, su vínculo comunitario y el beneficio económico directo que reportan a las fuentes de su inspiración. La transparencia en la cadena de suministro y la justicia en la compensación emergen, así, como pilares no solo éticos, sino también contractuales en el nuevo panorama.