El poder duro socava la legitimidad británica en el archipiélago de Chagos

El futuro de la base militar estadounidense en el océano Índico ha dado un giro inesperado y de alto risco estratégico. Tras meses de negociaciones a puerta cerrada, Reino Unido y Mauricio alcanzaron un acuerdo que transferirá la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio, aunque Londres asegurará el control operativo de la isla de Diego García —donde se ubica la crucial base conjunta— mediante un arrendamiento por 99 años. El pacto, valorado en unos 3.400 millones de libras en precios actuales, busca dotar de una legitimidad internacional largamente reclamada a la presencia estadounidense en la zona, aunque su ratificación se ha visto sacudida por las contradictorias declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha calificado el trato de “acto de gran estupidez” y luego ha matizado su postura.

El acuerdo, que modifica el estatus del Territorio Británico del Océano Índico, nace de un contexto de aislamiento diplomático para Londres. La mayoría de la comunidad internacional, incluido un voto contundente en la Asamblea General de la ONU en 2019, consideraba ilegítima la persistencia del dominio colonial británico sobre el archipiélago, después de la expulsión forzada de sus habitantes originarios entre 1968 y 1973. Esa presión fue lo que llevó al entonces primer ministro conservador Rishi Sunak a iniciar las conversaciones con Mauricio, culminadas por su sucesor, Keir Starmer, en mayo de 2025.

Sin embargo, las críticas en círculos de seguridad de Londres y Washington han sido feroces. Los escépticos advierten de que ceder la soberanía expondrá la base a amenazas como la presencia de buques de espionaje chinos o incluso el establecimiento de una base militar china en alguna de las otras islas del archipiélago, y temen que se pueda forzar la salida de armas nucleares o la aceptación de inspecciones internacionales. No obstante, un análisis pormenorizado del texto del acuerdo, a disposición pública, revela un entramado de salvaguardas que preserva en la práctica el control estratégico anglo-estadounidense.

El documento otorga a Reino Unido y Estados Unidos derechos de sobrevuelo, navegación y acceso submarino sin restricciones en todo el archipiélago y su zona económica exclusiva de 200 millas. Más crucial aún, cualquier actividad de fuerzas de seguridad extranjeras —incluyendo personal civil bajo estrategias de “fusión cívico-militar” como las atribuidas a China— en cualquier isla que no sea Diego García requerirá autorización expresa de ambos países. La normativa es explícita: si se detectan actividades no autorizadas, las partes “acuerdan y cooperarán según sea necesario para prevenirlas o ponerles fin”. Esto incluye la posibilidad de acción unilateral, amparada por el derecho internacional para repeler fuerzas no invitadas.

Mauricio tampoco podrá desarrollar infraestructura alguna, desde una vivienda vacacional hasta una base, sin el consentimiento previo de Londres. El control británico se extiende a un radio de 12 millas marinas alrededor de Diego García, abarcando su espacio aéreo y el lecho marino. Sobre la isla, Reino Unido administrará y policiará el territorio, y tendrá la última palabra en el despliegue de capacidades letales. Los derechos ambientales y pesqueros de Mauricio en Diego García solo podrán ejercerse con permiso británico.

El espectro de las armas nucleares ha centrado otro debate. Mauricio es signatario del Tratado de Pelindaba, que prohíbe el “estacionamiento” de armas atómicas en su territorio. El gobierno mauriciano interpreta que ello incluye a Diego García bajo el nuevo acuerdo. Sin embargo, el texto del pacto preserva el “estatus de las obligaciones o arreglos internacionales existentes” a menos que se modifiquen expresamente. Londres y Washington podrían argumentar que los arreglos bilaterales vigentes sobre el estacionamiento temporal de armas nucleares permanecen intactos, en línea con su política de “ni confirmar ni negar”. Además, cualquier inspección nuclear se topa con una barrera infranqueable: el acuerdo especifica que no se impondrán obligaciones a Reino Unido derivadas de tratados de los que no es parte, como el Pelindaba, y los derechos mauricianos residuales en Diego García requerirían, de todas formas, el consentimiento británico.

Las cláusulas de resolución de disputas también blindan el pacto frente a rupturas unilateralistas. Cualquier desacuerdo debe solventarse primero en una Comisión Conjunta, y si fracasa, mediante negociaciones de “alto nivel”. Solo tres causales extremas permiten a Mauricio denunciar el acuerdo: el impago del arrendamiento, un ataque armado británico contra su territorio, o un ataque臂ado lanzado desde Diego García contra Mauricio. Acciones británicas para impedir, por ejemplo, que Mauricio autorice una base china, no se consideran “ataque armado” al territorio mauriciano, aunque impliquen uso de la fuerza. Y si Mauricio intentara suspender el pacto bajo pretextos legales, Reino Unido puede activar un arbitraje vinculante.

Las idas y venidas de Trump han añadido incertidumbre. Su inicial repudio al acuerdo, que provocó una pausa en el proceso de ratificación parlamentaria británica, contrastó con la reafirmación del apoyo por parte del Departamento de Estado. Posteriormente, volvió a cuestionar la solidez del arrendamiento de 99 años. Analistas señalan que una pausa prolongada podría ser la respuesta menos mala para Londres si la oposición de Washington se solidify, e incluso no se descarta una presión para un cambio de términos.

En última instancia, el acuerdo no elimina la dependencia del poder duro estadounidense para disuadir amenazas. Sin embargo, su valor reside en la legitimidad. Ofrece un marco jurídico-político que reconoce, siquiera formalmente, la soberanía mauriciana, desactivando el Argumento de ilegitimidad colonial que adversarios como China podrían esgrimir. Para aliados y socios, establece un precedente de resolución pactada de una disputa histórica, mientras mantiene la operatividad intacta de una instalación militar de primer orden. La jugada británica, lejos de ser una rendición, se presenta como un esfuerzo por reconciliar realidades geopolíticas con el derecho internacional, un equilibrio que será puesto a prueba en los próximos años.