Redacción - El Semanal
Una demanda histórica sacude el sistema educativo de Wisconsin, donde una amplia coalición de distritos escolares, sindicatos de profesores y familias ha presentado una querella contra el poder legislativo estatal. La acción legal acusa a la cámara, controlada por republicanos, de violar la constitución al no proveer la financiación suficiente para las escuelas públicas, generando un escenario de desigualdad que, según los demandantes, perjudica a decenas de miles de estudiantes.
La denuncia, interpuesta en un tribunal de circuito del condado de Dane, señala que el actual modelo de financiación crea una brecha abismal entre distritos ricos y pobres. Mientras algunas comunidades pueden complementar los fondos estatales con elevados impuestos locales, otras, con una base tributaria más limitada, ofrecen servicios educativos muy inferiores. Esta situación,反 ilegal según la demanda, socava el derecho constitucional a una educación de calidad.
Entre los firmantes de la demanda figuran más de una docena de distritos escolares, entre ellos los de las ciudades de Madison y Milwaukee, junto a las principales federaciones de teachers del estado, como la Wisconsin Education Association Council. La demanda también cuenta con el respaldo de organizaciones de defensa infantil y grupos de padres que relatan, en declaraciones anexas, casos concretos de aulas sobrecargadas, programas extracurriculares eliminados y dificultad para retener a docentes cualificados.
El núcleo del litigio se centra en el sistema de financiación Known as «General Equalization Aid», que los demandantes consideran obsoleto e insuficiente. Argumentan que los incrementos presupuestarios aprobados en los últimos años no han compensado los recortes de la década anterior y no han logrado equiparar los recursos entre distritos. La petición formal no solo exige un aumento sustancial de la financiación estatal, sino que solicita al tribunal que declare inconstitucional el actual mecanismo y ordene al Legislativo diseñar un nuevo modelo que garantice equidad real.
Este enfrentamiento judicial revive un debate de décadas en Wisconsin, conocido por su tradición de «lucha de las escuelas públicas». Analistas políticos locales señalan que el caso podría terminar en el Tribunal Supremo estatal, lo que prolongaría el proceso años. Mientras tanto, las aulas afectadas continúan funcionando con recursos limitados, un escenario que, según los demandantes, compromete el futuro económico y social del estado.
La respuesta del liderazgo republicano en la asamblea ha sido de cautela, emitiendo un comunicado que defiende la sostenibilidad del presupuesto educativo actual y su compromiso con «una educación accesible para todos los niños». Sin embargo, portavoces de la coalición demandante insisten en que las cifras demuestran lo contrario y que el statu quo es insostenible. El juicio, si procede, promete poner sobre la mesa no solo cifras económicas, sino el modelo de sociedad que Wisconsin está dispuesta a construir.
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