Ottawa aumenta plazos y límite de hipotecas aseguradas

El Ministro de Finanzas, Chrystia Freeland, reveló el día de ayer nuevas propuestas para ampliar la disponibilidad de amortizaciones a 30 años y aumentar el límite de precio para hipotecas aseguradas en Canadá. Estas medidas buscan impulsar el acceso a la vivienda en un mercado inmobiliario que ha experimentado un alza en los precios en los últimos años.

La extensión de las amortizaciones a 30 años permitirá a los compradores de vivienda distribuir los pagos a lo largo de un período más prolongado, lo que podría significar cuotas mensuales más bajas y una mayor capacidad de endeudamiento para aquellos que buscan adquirir una propiedad. Esta medida pretende aliviar la presión financiera a la que se enfrentan muchos compradores, especialmente en ciudades con mercados inmobiliarios saturados.

Por otro lado, el aumento en el límite de precio para hipotecas aseguradas ampliará las opciones de financiamiento para aquellos que buscan adquirir una vivienda de mayor valor. Esto podría beneficiar a los compradores de vivienda en áreas donde los precios inmobiliarios han superado el límite anterior, brindando así una mayor flexibilidad en el proceso de adquisición de una propiedad.

Estas medidas buscan abordar las preocupaciones sobre la accesibilidad a la vivienda en Canadá, especialmente para los compradores por primera vez y aquellos con ingresos medios. El mercado inmobiliario ha sido objeto de un intenso escrutinio en medio de preocupaciones sobre la asequibilidad y la estabilidad a largo plazo, y estas propuestas representan un paso hacia la creación de un entorno más inclusivo y accesible para los compradores de vivienda en el país.

Es importante tener en cuenta que estas propuestas aún deben ser aprobadas y implementadas, y su impacto real en el mercado inmobiliario se verá a medida que se desarrollen. Sin embargo, la respuesta inicial de los expertos en el sector inmobiliario ha sido generalmente positiva, destacando el potencial de estas medidas para aliviar la presión sobre los compradores de vivienda y fomentar un mercado más equitativo y sostenible a largo plazo.