El gobierno español ha tomado medidas para abordar la problemática de los alquileres de corta duración, con el objetivo de combatir el fraude y regular este sector del mercado inmobiliario. Esta iniciativa se centra en establecer un sistema de identificación y control para los alojamientos destinados a turistas y temporadas cortas, diferenciándolos de las viviendas destinadas a alquiler habitual.
Una de las medidas clave es la creación de una ventanilla única digital que facilitará la recopilación y el intercambio de datos sobre los alquileres de corta duración. Cada propiedad destinada a este fin deberá contar con un código de identificación único, similar a una matrícula vehicular, que deberá ser proporcionado por los arrendadores y actualizado periódicamente.
La importancia de este sistema radica en su capacidad para priorizar los alquileres residenciales habituales, garantizando que las viviendas destinadas a cortas estancias cumplan con la normativa correspondiente y no se utilicen como vías para eludir obligaciones legales. Además, se busca fomentar una mayor oferta de alquileres a largo plazo al regular el mercado de corta duración.
Las plataformas online, como Idealista, Fotocasa, Booking y Airbnb, también jugarán un papel crucial en este proceso, ya que estarán obligadas a mostrar los códigos de identificación en los anuncios de los alojamientos. En caso de que un código sea revocado o suspendido, las plataformas deberán retirar los anuncios relacionados, con el fin de evitar la promoción de alojamientos irregulares.
Si bien el gobierno no ha especificado el costo asociado a este sistema de identificación, se espera que los propietarios obtengan un código temporal inicialmente, sujeto a verificación posterior. La implementación de estas medidas se espera que reduzca la presencia de viviendas irregulares en el mercado, promoviendo una mayor oferta de alquileres legales y sostenibles a largo plazo.
En resumen, la regulación de los alquileres de corta duración busca garantizar la transparencia y legalidad en este sector, protegiendo tanto a los arrendadores como a los inquilinos y fomentando un mercado inmobiliario más equitativo y justo para todos los involucrados.
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