Redacción - El Semanal
El gobierno danés insiste en su plan de enviar a Kosovo a reclusos extranjeros condenados a deportación. La medida, presupuestada en aproximadamente 200 millones de euros, tiene como objetivo aliviar el hacinamiento y las deficiencias de personal en las prisiones danesas. El acuerdo implica el alquiler de 300 plazas en la prisión de Gnjilane, en Kosovo, uno de los países más pobres de Europa.
La idea de externalizar los servicios penitenciarios ha sido objeto de críticas y ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Estos grupos advierten sobre el riesgo de tortura y maltrato a los reclusos, prácticas que, según la ONU y el Consejo de Europa, son comunes en el sistema penitenciario kosovar. Además, cuestionan la ambigüedad del tratado, que podría afectar no solo a ciudadanos extranjeros, sino también a daneses.
El acuerdo, firmado en febrero de 2025, tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco. Kosovo recibirá un pago anual de 15 millones de euros, más 5 millones para renovar la prisión y adaptarla a las regulaciones danesas.
Mientras tanto, el gobierno danés ha anunciado su compromiso con el desarrollo en Kosovo, centrado en la transición verde y los derechos humanos, con una contribución anual de 45 millones de coronas danesas, unos 6 millones de euros, de su presupuesto de ayuda exterior.
Sin embargo, diversos expertos y organizaciones han expresado su preocupación sobre las implicaciones de este acuerdo. Steve Peers, profesor de Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en la Universidad de Londres, destaca que la propuesta solo se aplica parcialmente a Dinamarca en virtud de la cláusula de exclusión danesa en materia de asilo.
Por otro lado, Silvia Carta, de la red europea de organizaciones que trabajan en asistencia legal para inmigrantes indocumentados, advierte sobre la tendencia creciente a ver la migración a través de un prisma de seguridad y critica que este esquema privará a los migrantes de derechos básicos, como la posibilidad de apelar una sentencia de deportación.
Además, organizaciones como DIGNITY, junto con ACNUR, la ONU y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, han instado a Dinamarca a abandonar sus planes, argumentando que violan el principio de no devolución, fundamental en el derecho internacional, y el derecho a la vida familiar de los detenidos.
La situación en las prisiones de Kosovo también genera preocupación. Fatmire Haliti, abogada y directora del Centro Kosovar de Rehabilitación para Víctimas de Tortura, señala que las prisiones kosovares ya están superpobladas y critica la falta de debate y consulta con organizaciones de derechos humanos y entidades de vigilancia independientes.
Finalmente, surge la pregunta sobre qué sucede cuando los reclusos cumplen sus sentencias. Orjana Demaliaj, director de la organización humanitaria kosovar Servicio Jesuita para Refugiados, plantea la incertidumbre sobre el futuro de aquellos que no puedan regresar a Dinamarca ni solicitar asilo en Kosovo.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia danés asegura que los reclusos de la prisión de Gnjilane no serán liberados en Kosovo, ya que el tratado contempla la deportación directa a su país de origen una vez cumplida la sentencia. No obstante, existen escenarios en los que los extranjeros podrían ser retornados a Dinamarca temporal o permanentemente si no pueden ser deportados.
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