España aprueba ley que agiliza desahucio de ocupantes ilegales.

La nueva ley española contra la ocupación ilegal de viviendas, conocida como «ley anti-okupas», ha entrado en vigor con el objetivo de agilizar los procesos de desahucio y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios. Sin embargo, expertos y propietarios se preguntan si realmente será eficaz para echar a los okupas de manera rápida.

La normativa modifica el código penal para incluir la ocupación ilegal de viviendas entre los delitos que pueden ser juzgados mediante procedimientos de juicio rápido, lo que teóricamente permitiría desahuciar a los okupas en un plazo de 15 días desde que se presenta la denuncia. No obstante, hay ciertas condiciones y limitaciones que podrían afectar su efectividad.

Para que la ley sea aplicable, la ocupación debe ser flagrante, es decir, que el okupa sea sorprendido in fraganti. En casos de antiguos inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar la propiedad, conocidos como «inquiokupas», la ley no será de aplicación, ya que no se considera flagrante el delito.

Además, la nueva normativa solo contempla la intervención policial directa en las primeras 48 horas después de detectada la ocupación. Si el proceso llega a los tribunales, la interpretación judicial y las variaciones regionales podrían influir en la efectividad de la ley.

Los expertos en derecho de propiedad y asociaciones de propietarios expresan ciertas dudas sobre la eficacia de la ley. Señalan que la modificación del artículo 795-1 de la ley de enjuiciamiento criminal puede ser solo una solución teórica, ya que la realidad de los desahucios puede ser más compleja, especialmente cuando hay personas vulnerables involucradas.

También se apunta que la mejor solución para combatir la ocupación ilegal sería administrativa, como la obligatoriedad de registrar todos los contratos de alquiler en un registro público. Esto permitiría a las fuerzas de seguridad verificar la legitimidad de la ocupación de manera más efectiva.

En resumen, aunque la nueva ley anti-okupas trae ciertas mejoras en la lucha contra la ocupación ilegal, su efectividad dependerá de cómo se aplique en la práctica y de las interpretaciones judiciales. Los propietarios y expertos esperan ver cómo se desarrollan los primeros casos para evaluar su impacto real.