La transición justa urge liberarse de agendas energéticas neocoloniales

La Transición Justa: Un Dilema entre Neocolonialismo y Autonomía Comunitaria

Mientras la crisis climática se intensifica, con olas de calor récord y fenómenos meteorológicos extremos devastando regiones enteras, el debate sobre cómo abordar la transición energética divide a gobiernos, activistas y comunidades. Por un lado, iniciativas como el Pacto Verde Europeo (EGD) prometen reducir emisiones y asegurar equidad social; por otro, críticos denuncian que bajo su retórica progresista se esconden dinámicas neocoloniales y neoliberales.

El concepto de Transición Justa, impulsado en foros internacionales como las recientes negociaciones climáticas de Bonn, defiende que el abandono de los combustibles fósiles no puede sacrificar a los trabajadores ni profundizar desigualdades. Sin embargo, su implementación choca con intereses geopolíticos. Por ejemplo, la UE pretende alcanzar un recorte del 90% en emisiones para 2040, pero incluye polémicos créditos de carbono internacionales, una medida cuestionada por trasladar la carga ecológica a países del Sur Global. Expertos señalan que esto perpetúa un sistema donde las naciones ricas externalizan su contaminación mientras mantienen un modelo extractivo.

¿Quién paga la cuenta verde?
El Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) de la UE, que grava importaciones según su huella ambiental, ha sido tachado de proteccionismo disfrazado. Países en desarrollo, como los del Mercosur, denuncian que les impone estándares inalcanzables sin apoyo tecnológico o financiero. Paralelamente, tratados comerciales como el UE-Indonesia garantizan el flujo de materias primas baratas hacia Europa, replicando esquemas de dependencia económica.

Alternativas desde las bases
Frente a estas contradicciones, movimientos sociales están redefiniendo la Transición Justa desde lo local. En Italia, trabajadores de la automotriz GKN ocuparon su fábrica para reconvertirla en un modelo de producción sostenible y democrático. En India, la Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA) ofrece seguros climáticos a 50.000 trabajadoras informales, combinando justicia laboral y adaptación ambiental. Estas experiencias, junto a iniciativas como el Proyecto de Democracia Energética en EE.UU., priorizan soluciones descentralizadas y participación comunitaria, rechazando la mercantilización de la crisis climática.

El camino hacia Belém
La próxima COP30 en Brasil será un termómetro para medir si los gobiernos están dispuestos a escuchar estas voces. Mientras algunos bloquean avances —como los países árabes opuestos a eliminar los combustibles fósiles—, otros insisten en incluir medidas comerciales unilaterales. La pregunta clave sigue en el aire: ¿será la transición una oportunidad para democratizar la energía o un nuevo capítulo de dominio disfrazado de verde?

Lo claro es que, sin abordar las raíces coloniales y económicas del problema, cualquier acuerdo corre el riesgo de ser otra promesa incumplida. La auténtica justicia climática, advierten los activistas, no llegará desde arriba, sino desde las luchas que ya están reinventando el futuro desde los territorios.