Demandan por extracción de órganos de fallecidos en prisión.

Un trágico suceso ha conmocionado a las familias de algunos reclusos fallecidos en prisiones de Alabama, generando controversia y desconfianza en el sistema penitenciario. La historia de Agolia Moore es un ejemplo vívido de esta preocupante situación.

Moore recibió una llamada impactante informándole que su hijo fue encontrado muerto en una prisión de Alabama, supuestamente por una sobredosis de drogas. Horas antes, había hablado con él y parecía estar bien, incluso expresando su esperanza de mudarse a la residencia de honor de la prisión. Sin embargo, al llegar su cuerpo a la funeraria después de una autopsia estatal, la familia se enteró de que los órganos internos del fallecido de 43 años habían desaparecido, sin su consentimiento.

El hermano de la víctima, Simone Moore, expresó su indignación ante esta situación, calificándola de «algo sacado de una película de ciencia ficción». Esta revelación llevó a seis familias a presentar demandas contra el Comisionado del Departamento de Correcciones de Alabama y otros involucrados, alegando que los órganos de sus seres queridos no les fueron devueltos después de las autopsias ordenadas por el estado.

Las demandas no solo hacen referencia a la desaparición de órganos, sino también plantean dudas sobre la ética y el trato a los familiares de los fallecidos en el sistema penitenciario. Se menciona un caso en el que una funeraria en 2021 informó a una familia que «ningún órgano había sido devuelto» con el cuerpo de su padre tras su fallecimiento mientras estaba encarcelado.

Además, se destaca que un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de Alabama en Birmingham expresó inquietud en 2018 por la cantidad desproporcionada de especímenes procedentes de personas fallecidas en prisión, cuestionando si las familias de los reclusos tenían el mismo derecho que las demás familias a solicitar la devolución de órganos junto al cuerpo.

Ante estas acusaciones, la Universidad de Alabama en Birmingham declaró que el Departamento de Correcciones de Alabama era responsable de obtener las autorizaciones adecuadas de los representantes legales de los fallecidos, y que no se realizaba la extracción de órganos de los reclusos con fines de investigación, como se había reportado.

En medio de la incertidumbre y el dolor de las familias afectadas, la universidad se prepara para enfrentar las demandas legales presentadas. Mientras tanto, el Departamento de Correcciones de Alabama aún no ha emitido comentarios al respecto, dejando a las familias en busca de respuestas sobre el destino de los órganos de sus seres queridos fallecidos en prisión.