La política migratoria europea sigue generando intensos debates con cada nueva medida adoptada por los gobiernos. En esta ocasión, Alemania ha procedido a la deportación de 81 ciudadanos afganos en un vuelo organizado hacia Kabul, según han confirmado fuentes oficiales. Se trata de la segunda operación de este tipo desde que los talibanes retomaron el control del país asiático en agosto de 2021.
Las autoridades alemanas han justificado estas expulsiones alegando que los afectados carecían de derecho a permanecer en territorio europeo, ya sea por rechazo de sus solicitudes de asilo o por antecedentes penales. Sin embargo, organizaciones humanitarias han cuestionado la decisión, argumentando que el regreso a Afganistán supone un riesgo inminente para estas personas debido a la situación de inestabilidad y violencia que persiste bajo el régimen talibán.
Los deportados, todos hombres según los informes disponibles, fueron trasladados en un vuelo chárter gestionado por la Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania (BAMF). El procedimiento ha seguido los protocolos establecidos en los acuerdos bilaterales entre Berlín y Kabul, aunque estos se han visto limitados desde la llegada de los fundamentalistas al poder.

El gobierno alemán ha reiterado que cada caso fue evaluado de manera individual, descartando la deportación de aquellos con perfiles vulnerables, como periodistas, activistas o colaboradores de fuerzas internacionales. No obstante, la organización Amnistía Internacional ha denunciado falta de transparencia en los criterios aplicados y ha instado a suspender estos vuelos hasta que se garantice la seguridad de los retornados.
La canciller Olaf Scholz defiende esta política como parte de un enfoque equilibrado que combina «humanidad y orden», especialmente tras el aumento de solicitudes de asilo en los últimos años. Los datos oficiales reflejan que Alemania recibió más de 350.000 peticiones en 2023, situándose como principal destino migratorio en la Unión Europea.
Expertos en relaciones internacionales subrayan que este episodio evidencia las contradicciones de Europa frente a regímenes no reconocidos diplomáticamente. Mientras países como España abogan por vías alternativas a las deportaciones, otros estados miembros presionan para endurecer las políticas de retorno, especialmente tras la reforma del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La polémica trasciende las fronteras alemanas. En Francia e Italia, gobiernos de distintos signos políticos han elogiado la medida como un «mensaje necesario» para disuadir la migración irregular. Por el contrario, los partidos verdes y grupos progresistas europeos califican estas acciones de «irresponsables», recordando que el 90% de los afganos siguen obteniendo protección internacional en la UE.
Este vuelo se produce en un contexto geopolítico especialmente delicado, con los talibanes reforzando su control mediante estrictas interpretaciones de la sharía y persiguiendo a antiguos funcionarios del gobierno derrocado. Solo en 2024, organismos de la ONU han documentado más de 800 ejecuciones sumarias y 1.200 detenciones arbitrarias en Afganistán.
Mientras, en territorio afgano, testigos consultados por corresponsales internacionales describen escenas dramáticas en el aeropuerto de Kabul, donde los deportados son recibidos por funcionarios talibanes y sometidos a interrogatorios. Según el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), al menos el 40% de los retornados desde 2021 han terminado desplazándose nuevamente para escapar de represalias.
Analistas advierten que esta medida podría generar un efecto dominó en la gestión migratoria europea. De hecho, Austria y Dinamarca estudian retomar sus programas de deportación a Afganistán, siguiendo el modelo alemán. La cuestión promete acaparar la agenda política en los próximos meses, especialmente de cara a las elecciones europeas de junio, donde la inmigración será uno de los temas centrales del debate.

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