Redacción - El Semanal
Quince estados recurren para bloquear el esfuerzo de Biden de brindar cobertura de salud a migrantes en situación irregular en EE. UU.
Una polémica medida impulsada por el presidente Joe Biden para brindar cobertura de salud a migrantes en situación irregular en Estados Unidos ha generado un fuerte rechazo en varios estados del país. Concretamente, quince estados han presentado demandas para bloquear esta iniciativa, argumentando que excede la autoridad del gobierno federal y genera consecuencias financieras significativas a nivel local.
Según fuentes oficiales, Arizona, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee y West Virginia son los estados que han tomado medidas legales contra la propuesta de la administración de Biden. Estas acciones legales buscan frenar la implementación de un plan que permitiría que los inmigrantes sin documentos legales accedan a la cobertura de salud a través del programa federal Medicaid.
La disputa se centra en la interpretación de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible de 2010, también conocida como Obamacare, que establece que los inmigrantes en situación irregular no son elegibles para recibir beneficios federales de salud. Sin embargo, la administración de Biden ha argumentado que la actual ley permite cierta flexibilidad en la interpretación de estas normas, lo que permitiría la inclusión de estos individuos en programas de asistencia sanitaria.
Los estados demandantes sostienen que la medida de la administración Biden generaría un gran costo en términos financieros para los contribuyentes locales, dado que los estados tendrían que asumir una parte sustancial de los gastos asociados con la extensión de la cobertura de salud a esta población. Además, argumentan que la medida podría incentivar la migración irregular y generar una carga adicional para los sistemas de salud estatales.
Por otro lado, defensores de los derechos de los migrantes han respaldado la iniciativa de Biden, señalando que garantizar el acceso a la atención médica es esencial para proteger la salud pública y la dignidad de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Argumentan que la exclusión de estos individuos de los programas de salud solo perpetúa la desigualdad y pone en riesgo la salud de toda la comunidad.
La resolución de esta controversia legal tendrá amplias implicaciones para la política migratoria y de salud en Estados Unidos. Mientras tanto, el debate sobre el acceso a la atención médica para migrantes en situación irregular continúa generando divisiones en el país, reflejando las complejidades y desafíos que rodean esta cuestión espinosa.
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