El expresidente surcoreano Yoon se enfrenta a nuevas acusaciones por ley marcial

La sombra de la justicia se cierne nuevamente sobre el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, cuya libertad duró apenas cuatro meses. Un tribunal de Seúl emitió este jueves una orden de arresto en su contra, reactivando un caso que mantiene en vilo a la sociedad surcoreana y reavivando el debate sobre los abusos de poder durante los gobiernos militares del pasado.

Según fuentes judiciales, la decisión responde a nuevas evidencias vinculadas a su presunta implicación en crímenes durante la ley marcial de 1980, un período oscuro marcado por la represión violenta de manifestaciones prodemocráticas. Yoon, ya condenado previamente por cargos similares, enfrenta ahora acusaciones más graves que podrían ampliar su condena de manera significativa.

Analistas políticos señalan que este giro judicial refleja la determinación de las autoridades actuales por esclarecer violaciones de derechos humanos históricas. «No se trata solo de un juicio a un individuo, sino de una rendición de cuentas pendiente con las víctimas», comentó un profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional de Seúl, quien prefirió mantener el anonimato debido a la sensibilidad del caso.

Mientras su defensa alega motivaciones políticas detrás de la reactivación del caso, sectores de la sociedad civil celebran la medida como un paso hacia la justicia transitional. Familiares de afectados por la represión militar han seguido de cerca el proceso, esperando que esta vez se haga justicia.

El arresto de Yoon coincide con un momento de tensiones en el escenario político surcoreano, donde la polarización entre progresistas y conservadores sigue latente. Su figura, asociada a un régimen autoritario, se ha convertido en símbolo de un capítulo que muchos prefieren dejar atrás, pero que el sistema judicial insiste en no olvidar.

El expresidente, de 86 años, fue trasladado a un centro de detención en las afueras de la capital, donde esperará el inicio de un nuevo juicio que podría prolongarse meses. Mientras tanto, la prensa local especula sobre posibles conexiones con otros exfuncionarios aún no investigados, lo que sugiere que este caso podría abrir una nueva fase de revisionismo histórico en el país asiático.