El Gobierno desembolsa 348 millones para cumplir con ley de residuos.

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aprobó en su reunión telemática el reparto territorial de 481,1 millones de euros para diversas inversiones destinadas a la conservación y restauración de la biodiversidad, acciones de lucha contra el cambio climático, la implementación de la normativa de residuos y el programa de economía circular.

Dentro de los distintos acuerdos aprobados, se destacan asignaciones específicas como los 7,5 millones destinados al PIMA para eventos adversos, los 100 millones para el PERTE de digitalización del ciclo del agua, y los 300 millones para el Plan de aplicación de la normativa de residuos, de los cuales 48,4 millones están destinados a la digitalización.

La medida más significativa ha sido la asignación de 348,4 millones para la implementación del Plan de apoyo a la normativa de residuos y la promoción de la economía circular. Estos fondos se dividen en dos acuerdos, uno enfocado en la transformación digital vinculada a la gestión de residuos municipales, y otro destinado a proyectos estratégicos territoriales para impulsar la gestión sostenible de residuos.

Es importante destacar que estas inversiones buscan mejorar la gestión de residuos en España y garantizar el cumplimiento de los objetivos comunitarios en la materia. Además, se prevé que las comunidades autónomas tengan flexibilidad para decidir cómo distribuir los fondos territorializados, con el objetivo final de contribuir a la sostenibilidad medioambiental del país.

En este sentido, se han identificado cuatro grandes líneas de actuación prioritarias para cumplir con los retos comunitarios en gestión de residuos, entre las que se incluyen la implantación de recogidas separadas, la construcción de instalaciones especializadas, y la inversión en infraestructuras de recogida y clasificación.

En resumen, la aprobación del reparto de 348 millones para la implementación de la normativa de residuos refleja el compromiso del Gobierno español con la transición hacia una economía más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Estas inversiones buscan impulsar la gestión de residuos de forma eficiente y responsable, contribuyendo así a la conservación del entorno natural y la promoción de la economía circular en el país.