En México, la violencia generada por el crimen organizado y los narcotraficantes ha alcanzado proporciones alarmantes. Este fenómeno no se limita solo a grandes carteles, sino que también involucra a grupos más pequeños que han logrado influir en la vida cotidiana de los mexicanos, llegando incluso al punto de cambiar sus hábitos, como el uso de teléfonos móviles falsos durante atracos.
La situación se ha vuelto tan grave que incluso ha afectado el acceso a importantes sitios arqueológicos, como las ruinas mayas, que se han vuelto inaccesibles debido a la violencia imperante. Además, se han reportado casos donde los traficantes de drogas han intervenido antenas de internet, permitiendo a los ciudadanos realizar pagos directos por el servicio.
En medio de esta crisis, surge la pregunta sobre si otorgar más poder a los militares podría disminuir los índices de criminalidad, sin embargo, los datos muestran que las acciones del gobierno mexicano han sido insuficientes para contener la violencia. De hecho, un preocupante 13% de las empresas encuestadas cree que el crimen organizado tiene control total o parcial sobre sus operaciones.
Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Americana en México reveló cifras impactantes sobre la percepción de las empresas en relación con la delincuencia. Seis de cada 10 empresas señalaron ser afectadas por la inseguridad, considerándola como un costo operativo adicional. Además, el 58% de las empresas destinan entre el 2% y el 10% de su presupuesto a medidas de seguridad, incluyendo capacitaciones para sus empleados en áreas físicas y técnicas, destacando la importancia de la ciberseguridad.
En este contexto, la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad mexicanas es evidente, con porcentajes alarmantes que reflejan niveles bajos de confianza en la policía de la ciudad, la policía judicial y la policía estatal. Ante esta situación, las empresas han optado por buscar protección a través de servicios de seguridad privada, reflejando un cambio en las estrategias de resguardo ante la inseguridad generalizada.
La falta de coordinación entre los diferentes departamentos gubernamentales encargados de la seguridad ha llevado a un escenario donde un porcentaje significativo de empresas considera que sus operaciones están bajo el control del crimen organizado. Esta percepción ha llevado a una disminución de las inversiones en el país, con empresas que han optado por trasladar sus operaciones a estados considerados más seguros, e incluso suspendido operaciones debido a la falta de garantías de seguridad.
En conclusión, los datos recopilados reflejan una realidad alarmante en México, donde la inseguridad generada por el crimen organizado ha permeado incluso en el ámbito empresarial. La falta de acciones efectivas por parte de las autoridades y la desconfianza en las fuerzas de seguridad plantean un desafío importante que requiere soluciones urgentes para garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo económico del país.
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