Redacción - El Semanal
El Programa de Apoyo a Lesiones por Vacunas de Canadá enfrenta críticas y demandas millonarias por supuesta negligencia
En plena pandemia, el gobierno canadiense lanzó el Programa de Aporte para Lesiones por Vacunación (VISP), diseñado para brindar compensación rápida y justa a quienes sufrieran efectos adversos graves tras inmunizarse contra el COVID-19. Tres años después, el sistema está bajo fuego: denuncias de mal manejo, retrasos injustificados y trato deshumanizante han llevado a afectados a presentar demandas colectivas en al menos tres provincias.
Carrie Sakamoto, una madre de familia de Alberta, se convirtió en emblema del fracaso del programa. Tras recibir su segunda dosis en junio de 2021, desarrolló parálisis facial, pérdida auditiva y déficits cognitivos que la dejaron hospitalizada 17 días. «Pasé de administrar un negocio familiar a necesitar supervisión constante. Olvidaba alimentar a nuestras mascotas, provocaba incendios en la cocina», relata en documentos judiciales. Aunque VISP le otorgó 62.500 dólares canadienses por daños, rechazó cubrir audífonos, terapia psicológica y medicamentos, alegando que «médicos no identificados» determinaron que sus síntomas posteriores no guardaban relación con la vacuna.
Los problemas trascienden casos individuales. Datos oficiales revelan que, mientras Oxaro Inc. —la consultora encargada de administrar VISP— recibió 50.6 millones de dólares en fondos públicos, solo 18.1 millones se destinaron a indemnizaciones. Más grave aún: de 3.317 solicitudes presentadas hasta junio de 2024, 1.738 permanecen sin resolver. «Subestimaron dramáticamente la cantidad de afectados. Prometieron 40 casos anuales y recibieron cien veces más», advierte un abogado involucrado en las demandas.
En Alberta, Columbia Británica y Ontario, los demandantes acusan a las autoridades de proporcionar información «engañosa o incompleta» sobre riesgos vacunales. «El programa nació precisamente para evitar juicios, pero su ineptitud está empujando a gente vulnerable a batallas legales costosas», critica Umar Sheikh, representante de varios afectados. Los procesos podrían prolongarse hasta 2026, mientras pacientes como Sakamoto enfrentan secuelas permanentes y quiebras familiares —en su caso, la venta de su granja y la reconversión laboral de su esposo como conductor de camiones— sin respaldo económico.
La Agencia de Salud Pública de Canadá y Oxaro declinaron comentar alegaciones específicas, aunque esta última insistió en que «todos los casos reciben igual rigor y respeto». Mientras parlamentarios exigen reformas urgentes, los casos judiciales podrían sentar precedentes sobre responsabilidad estatal en crisis sanitarias. Para miles de canadienses, la promesa de protección se ha convertido en una pesadilla burocrática.
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