Redacción - El Semanal
La criminalización de la migración: de EE.UU. a Europa, un giro autoritario compartido
Las políticas migratorias en Estados Unidos y Europa han tomado un cariz cada vez más restrictivo, con medidas que no solo apuntan a controlar los flujos migratorios, sino también a perseguir a quienes ofrecen ayuda a los migrantes. Lo que comenzó como una retórica populista se ha materializado en acciones concretas, generando un clima de tensión que divide sociedades y desdibuja derechos fundamentales.
En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha impulsado una de las campañas de deportación más agresivas de la historia. Desde su llegada al poder, las detenciones masivas y las expulsiones aceleradas han sido una constante, con un objetivo declarado: deportar a miles de personas diariamente. Sin embargo, no se trata de una estrategia exclusiva de los republicanos. Según analistas políticos, gobiernos anteriores, incluidos los de Barack Obama y Joe Biden, también llevaron a cabo deportaciones masivas, aunque con un enfoque más selectivo hacia individuos con antecedentes penales.
El contraste entre discurso y realidad es evidente. A pesar de que el gobierno estadounidense insiste en priorizar la expulsión de criminales, casi la mitad de las personas en centros de detención no tienen registros delictivos. Además, se ha ampliado la posibilidad de deportar incluso a quienes cuentan con permisos temporales de residencia, generando incertidumbre en comunidades enteras.
Europa: un espejo distorsionado
Al otro lado del Atlántico, la situación no es muy diferente. En países como Hungría, Polonia o Grecia, las políticas migratorias han adoptado un tono cada vez más represivo. En Grecia, miles de solicitantes de asilo son recluidos en centros de detención sin garantías legales claras, mientras que en España, Alemania y Bélgica, las redadas contra migrantes indocumentados se han normalizado en lugares públicos como estaciones de tren o parques.
Uno de los casos más preocupantes es el de Thanos Plevris, el nuevo ministro griego de Migración y Asilo, cuyas declaraciones han desatado polémica. En 2011, Plevris defendió abiertamente que la vigilancia fronteriza debe incluir muertes para disuadir a los migrantes. Su nombramiento refleja una tendencia creciente: la normalización de figuras abiertamente antiinmigrantes en cargos clave.
Solidaridad bajo amenaza
La criminalización no se limita a los migrantes. En varios países europeos, activistas y organizaciones que brindan apoyo humanitario enfrentan procesos judiciales. Según un informe de PICUM, en 2024 se registraron 142 casos contra defensores de derechos humanos, acusados de "facilitar la inmigración irregular". Estas medidas, presentadas como parte de la lucha contra el tráfico de personas, terminan penalizando gestos básicos de solidaridad.
La Unión Europea ha propuesto reformas legales que podrían agravar esta situación. Silvia Carta, de PICUM, advierte que los cambios en la normativa podrían exponer a más personas a cargos penales simplemente por ayudar a migrantes en situación vulnerable. Ante esto, varias ONG han presentado denuncias ante el Defensor del Pueblo Europeo, argumentando que las nuevas medidas ignoran el impacto en los derechos humanos.
Un futuro incierto
Mientras las muertes en el Mediterráneo siguen acumulándose —más de 750 en lo que va de 2025—, los gobiernos priorizan el control fronterizo sobre la protección de vidas. La retórica antiinmigrante, antes marginal, ha permeado discursos políticos mainstream, erosionando garantías democráticas.
Lo que ocurre en Estados Unidos no es una anomalía, sino un reflejo de una tendencia global. Europa, con sus propias contradicciones, no está exenta. La pregunta no es si el continente seguirá este camino, sino cuánto más se endurecerán las políticas antes de que la sociedad reaccione.
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