Redacción - El Semanal
Prohibición de Acceso a Bosques en Nueva Escocia Desata Amenaza de Acción Legal
La controvertida decisión del gobierno de Nueva Escocia de restringir el acceso a bosques y áreas naturales ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos fundamentales. Mientras las autoridades insisten en que la medida busca mitigar el riesgo de incendios forestales durante una temporada particularmente crítica, grupos civiles alegan que la prohibición es excesiva y cercena libertades básicas.
La Canadian Constitution Foundation (CCF), una organización reconocida por su defensa de los derechos constitucionales, ha emitido una advertencia formal al gobierno provincial, exigiendo la derogación de la normativa. Según la CCF, aunque comparten la necesidad de prevenir incendios mediante la prohibición de fogatas, extender la restricción a actividades como el senderismo, la pesca o los picnic es una medida desproporcionada.
"Estamos creando una cultura donde la seguridad se antepone a otros valores esenciales, como la libertad de movimiento", declaró Christine Van Geyn, directora de litigios de la CCF. "Si todo se reduce a un problema de seguridad, cualquier actividad podría ser controlada arbitrariamente", añadió. Las críticas se intensificaron luego de conocerse que la multa por incumplir la norma asciende a 25.000 dólares, una cifra calificada como "escandalosamente abusiva" por los detractores.
En respuesta, el Departamento de Recursos Naturales de Nueva Escocia defendió la legalidad de las medidas, basándose en la Forests Act. "Nuestras decisiones priorizan el bienestar de los ciudadanos. Somos la segunda provincia más densamente poblada de Canadá, lo que nos hace más vulnerables a los incendios forestales", explicaron en un comunicado.
Sin embargo, el malestar social es palpable. Una petición para derogar la prohibición reunió más de 2.000 firmas en menos de un día, mientras que la línea telefónica destinada a denunciar infractores colapsó por el volumen de llamadas. Entre los afectados, se encuentran trabajadores que dependen de sendas forestales para desplazarse, como ciclistas que evitan así rutas sin transporte público.
El conflicto refleja una tensión global entre políticas de prevención y derechos individuales, un dilema que, en medio de la crisis climática, promete seguir generando controversia. Mientras tanto, Nova Escocia se enfrenta a un posible litigio que podría sentar un precedente sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos en nombre de la seguridad.
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