Redacción - El Semanal
El caso de Kilmar Abrego García ha captado la atención de medios internacionales debido a los cuestionamientos sobre su deportación a El Salvador en marzo y las acusaciones de contrabando que enfrenta. Según abogados cercanos al caso, las imputaciones carecerían de fundamento y formarían parte de una estrategia para validar una expulsión considerada irregular durante la administración Trump.
La audiencia previa al juicio, programada para las próximas semanas, determinará si se evalúa la solicitud de Abrego García para evitar una nueva deportación. Sus representantes legales insisten en que su cliente fue separado injustamente de su familia en Estados Unidos, donde residía desde hace años. «Las pruebas presentadas son inconsistentes y responden a un clima político más que a un procedimiento judicial objetivo», afirmó una fuente cercana al equipo defensor.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han denunciado que este tipo de casos reflejan un patrón de criminalización hacia migrantes, especialmente bajo políticas de tolerancia cero. Datos recopilados por grupos activistas indican un aumento del 30% en deportaciones con cargos penales dudosos desde 2020, aunque autoridades migratorias sostienen que cumplen estrictamente con los protocolos.
El Salvador, país de origen de Abrego García, registra una de las tasas más altas de violencia en América Latina, factor que su defensa podría esgrimir para evitar su regreso. Expertos en derecho internacional advierten que, de prosperar la deportación, el hombre podría enfrentar riesgos graves en su nación.
El tribunal ya revisará documentos adicionales presentados por ambas partes antes de emitir un fallo, que marcaría un precedente en casos similares. La decisión no solo impactará el futuro de Abrego García, sino que también reavivará el debate sobre el tratamiento legal de migrantes en Estados Unidos.
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