Redacción - El Semanal
En el corazón de Bosnia y Herzegovina, un conflicto ambiental y político se agita alrededor de la mina de Vareš, un proyecto que prometía revitalización económica pero que ha terminado por enfrentar a comunidades, autoridades y activistas. La polémica desatada por la explotación de este yacimiento minerometalúrgico ha puesto en evidencia las tensiones entre desarrollo industrial y conservación medioambiental, en un país que figura entre los más corruptos de Europa, según organizaciones internacionales.
La empresa británica Adriatic Metals, titular de la concesión, ha sido acusada reiteradamente de deforestación ilegal y de poner en riesgo fuentes de agua potable debido a la liberación de metales pesados como el cadmio. A pesar de las denuncias —respaldadas por informes técnicos que alertaban sobre la contaminación del río Bukovica—, las autoridades locales y federales han mantenido su respaldo al proyecto, declarándolo de «interés nacional». Este respaldo ha incluido la emisión de permisos cuestionados por su falta de transparencia y por ignorar las recomendaciones de expertos.
Uno de los puntos más críticos es el impacto en los bosques primarios de la región. Activistas locales denuncian que se han talado cientos de árboles en áreas no autorizadas, incluyendo zonas protegidas que forman parte del hábitat del bosque de Trstionica, uno de los últimos reductos de selva virgen en Europa. Aunque tribunales como el Constitucional de Bosnia han anulado permisos por considerarlos ilegales, las operaciones de la mina no se han detenido, lo que refleja una clara desconexión entre las sentencias y su aplicación.
La activista Hajrija Čobo se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra el proyecto. Tras presentar quejas ante instancias internacionales, como el Convenio de Berna, logró que se recomendara la suspensión de las actividades mineras. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue desestimar las advertencias y, en cambio, la empresa intentó silenciarla mediante una demanda por difamación, posteriormente retirada ante la presión pública.
Mientras el debate sigue abierto, las comunidades afectadas se dividen entre quienes ven en la mina una oportunidad de empleo en una región deprimida y quienes exigen priorizar la protección del agua y los ecosistemas. El caso de Vareš no solo expone los desafíos ambientales de Bosnia, sino también la fragilidad de sus instituciones, donde los intereses privados parecen prevalecer sobre el bien común.
Con una fiscalización débil y una legislación permisiva, el futuro de la zona sigue en el aire. Lo que está en juego no son solo los recursos naturales, sino la credibilidad de un sistema que permite que proyectos controvertidos avancen sin el consenso social ni las garantías jurídicas necesarias. La pregunta que queda es cuánto más podrá resistir el frágil equilibrio entre progreso y sostenibilidad en un país donde la sombra de la corrupción lo atraviesa todo.
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